La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, presidida por la senadora Ana Irma Rivera Lassén, inició el miércoles una investigación sobre las prácticas laborales en las manufactureras farmacéuticas, enfocándose en los empleados subcontratados de limpieza y seguridad.
Angel Vélez, portavoz de la campaña Merecemos Más, destacó la importancia de su labor en las farmacéuticas y la necesidad de condiciones de trabajo dignas. “Merecemos tener salud y una buena vida. Agradecemos el trabajo de la comisión para investigar estas situaciones y luchar por una vida digna para todos”, expresó en declaraciones escritas.
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Por su parte, Julio López Varona, codirector de campañas del Centro para la Democracia Popular, criticó las condiciones laborales en las farmacéuticas. “Los empleados sufren de salarios bajos y están expuestos a riesgos. El gobierno provee exenciones contributivas a estas compañías, pero las condiciones laborales siguen siendo abusivas e insostenibles”, dijo.
La senadora Rivera Lassén reaccionó a las denuncias, resaltando su compromiso con condiciones laborales justas. “Es inaceptable subcontratar personal para eludir responsabilidades. Las farmacéuticas deben garantizar la salud física y emocional de todos sus empleados, incluyendo los subcontratados”, manifestó.
La vista pública bajo la Resolución del Senado 207 convocó a varias organizaciones, incluyendo Merecemos Más y el Centro para la Democracia Popular, así como representantes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para discutir las preocupaciones laborales en la industria farmacéutica.
Por su parte, empleados de mantenimiento de diferentes compañías farmacéuticas en Puerto Rico denunciaron que solo reciben una porción muy pequeña de las ganancias generadas, a la misma vez que perjudican su propia salud. Además, añadieron que en el país operan cerca de 50 corporaciones multimillonarias estadounidenses que producen más de la mitad de los medicamentos que se venden.
“Siento que aquí en Puerto Rico no se vela por el bienestar de los trabajadores. Además de que no hay unión, no ofrecen ningún beneficio en absoluto. Hay muy pocas leyes para defender a los empleados, y las pocas leyes que existen no las hacen valer”, sostuvo Eleida Santos Ortiz, miembro de la campaña “Merecemos más”, y exempleada de seguridad de la empresa Lilly.
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Otros tres exempleados de mantenimiento y seguridad de farmacéuticas, quienes son subcontratados por compañías de reclutamiento, comentaron que ganan el mínimo, no han recibido bonos de Navidad, y sus experiencias laborales no son favorables. También, exigen que se les mejore su salario, les brinden beneficios de salud y se les honren sus días de vacaciones y enfermedad.
Por otro lado, Magaly García Berrios, empleada de mantenimiento de Antilles Fuller, dijo que se lastimó con una aguja que arrojaron en un contenedor no asignado para esto. En la empresa no le realizaron pruebas para corroborar si la aguja tenía alguna sustancia, solo la enviaron a un cuarto para esperar por un médico. Solo le indicaron que se quedara en su casa por 24 horas y luego regresara a su jornada.
Por su parte, la procuradora del trabajo del Departamento del Trabajo Recursos Humanos (DTRH), Naihomy Álamo Rivera, comentó que conforme a la “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”, el DTRH como organismo público está llamado a crear un equilibrio en la relación entre trabajadores y patronos, y velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo. La intervención del Departamento se limita al sector laboral privado y a corporaciones públicas que operan como entidades privadas.
“No vemos motivo para asignar recursos adicionales o específicos a la fiscalización de este grupo industrial”, lee la ponencia de la agencia.
Asimismo, el DTRH añadió que los índices de querellas por incumplimiento de aspectos de seguridad o violaciones a la legislación laboral no son significativos. Tampoco han recibido situaciones particulares que los alerten a tomar medidas adicionales para proteger el bienestar de los empleados de la industria farmacéutica.
Según los registros de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), las plantas farmacéuticas en el país han recibido alrededor de 80 quejas, informes de accidentes o referencias por problemas de salud y seguridad. Este fue el mayor número de casos en cualquier estado o territorio de los Estados Unidos.
El Centro para la Democracia Popular sostuvo que las personas responsables de formular políticas públicas en Puerto Rico deben asegurar que las corporaciones farmacéuticas pongan fin a sus prácticas de empleo subóptimo. Además, utilizar cualquier nuevo ingreso fiscal generado por el sector farmacéutico para financiar inversiones críticas que las comunidades merecen y necesitan.
“Insisto en que el Departamento del Trabajo y OSHA deberían ser más proactivos en que se estén cumpliendo con lo que dicen las leyes y no se evadan las protecciones de los empleados para minimizar cualquier riesgo en el trabajo”, puntualizó Rivera Lassén.
