La organización sin fines de lucros “Somos Más”, cuyo propósito principal es combatir la corrupción gubernamental mediante la radicación de proyectos de ley por petición, solicitó mediante una misiva que el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, rinda cuentas tras revelar a principios de año que recobrarían los fondos públicos robados por funcionarios corruptos y contratistas privados.
El pasado 22 de marzo, la agencia gubernamental compartió un comunicado de prensa con el país donde aseguraban que recuperarían el dinero del pueblo puertorriqueño malversado o apropiado ilegalmente por empleados públicos o personas del sector privado.
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“Al presente se desconoce si este anuncio al país se concretó. Han transcurrido en exceso de siete meses sin que se hayan llevado a cabo las anunciadas acciones ni se le haya informado al país sobre este asunto tan relevante en la lucha contra la corrupción. Cumpliendo con su deber ministerial de poner en vigor la política pública del Gobierno de Puerto Rico y de llevar cabo dicha política pública a través de las acciones legales pertinentes, como las que anunció que iba a realizar, le solicitamos nos deje saber qué ha pasado con este compromiso que se anunció como “algo novel” para hacer valer la ley, una iniciativa que nosotros respaldamos porque entendemos que es un disuasivo y una herramienta medular en la lucha contra este mal social”, se puede leer en la carta firmada por la directora ejecutiva de “Somos Más”, Caterina D’Alessio Ramos.
Según explicó Emanuelli Hernánez, una enmienda aprobada en 2022 al Código Penal de Puerto Rico, mediante la Ley 76-2022, establece la pena de restitución ya sea en dinero, mediante la prestación de servicios o entregando los bienes ilegalmente apropiados.
“Vamos dirigidos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño. Junto al gobernador, Pedro Pierluisi, hemos estado evaluando distintos mecanismos para atajar la corrupción pública, como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración. Entre estos, se encuentran la posibilidad de iniciar demandas civiles en recobro del dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. Para esto tendremos que realizar una evaluación caso a caso. Queremos que devuelvan lo que le han robado al pueblo”, afirmó el secretario de Justicia en las declaraciones escritas de marzo.
En la carta, la organización sin fines de lucro le recalca al titular de la agencia que tanto la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” y la “Política Pública del Gobierno de Puerto Rico” disponen que es su responsabilidad prevenir, investigar y procesar los actos de corrupción.
“Como es de conocimiento general en los pasados años se han llevado a cabo acciones criminales en el foro federal contra funcionarios públicos y contratistas privados por actos de corrupción en perjuicio del erario público, donde estos funcionarios y contratistas se han declarado culpables o han sido convictos luego de un juicio criminal en su fondo”, agregó la entidad, quienes también enumeraron los funcionarios y contratistas declarados culpables por corrupción en el foro federal, entre los que se encuentran Felix “El Cano” Delgado, exalcalde de Cataño; Ángel Pérez Otero, exalcalde de Guaynabo; y Oscar Santamaría, contratista.
