El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó en la tarde de hoy, martes, que las acciones que prometió a principios de año de recobrar los fondos públicos robados por funcionarios corruptos y contratistas privados está en un proceso “muy adelantado”.
“Comenzamos a trabajar de inmediato en la evaluación jurídica minuciosa y la elaboración de estas acciones con gran responsabilidad, dirigidos a prevalecer en los tribunales. Dicha labor está sumamente adelantada. Tan pronto el Departamento de Justicia esté listo para su presentación oficial en el tribunal, así lo informaremos con la apertura y transparencia que nos caracteriza”, dijo el titular de la agencia mediante declaraciones escritas.
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El pasado mes de febrero, Emanuelli Hernández informó al país a través de un comunicado de prensa que recuperaría el dinero del pueblo puertorriqueño malversado o apropiado ilegalmente por empleados públicos o personas del sector privado.
“Vamos dirigidos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño. Junto al gobernador, Pedro Pierluisi, hemos estado evaluando distintos mecanismos para atajar la corrupción pública, como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración. Entre estos, se encuentran la posibilidad de iniciar demandas civiles en recobro del dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. Para esto tendremos que realizar una evaluación caso a caso. Queremos que devuelvan lo que le han robado al pueblo”, leían sus expresiones.
En la mañana de hoy, la organización sin fines de lucros “Somos Más”, cuyo propósito principal es combatir la corrupción gubernamental mediante la radicación de proyectos de ley por petición, solicitó mediante una misiva que el funcionario rindiera cuentas sobre si emprendió acción legal contra los acusados de corrupción. En los pasados años, 18 funcionarios y contratistas se declararon culpables por abuso de poder público en el foro federal entre los que se encuentran Felix “El Cano” Delgado, exalcalde de Cataño; Ángel Pérez Otero, exalcalde de Guaynabo; y Oscar Santamaría, contratista.
“Al presente se desconoce si este anuncio al país se concretó. Han transcurrido en exceso de siete meses sin que se hayan llevado a cabo las anunciadas acciones ni se le haya informado al país sobre este asunto tan relevante en la lucha contra la corrupción. Cumpliendo con su deber ministerial de poner en vigor la política pública del Gobierno de Puerto Rico y de llevar cabo dicha política pública a través de las acciones legales pertinentes, como las que anunció que iba a realizar, le solicitamos nos deje saber qué ha pasado con este compromiso que se anunció como “algo novel” para hacer valer la ley, una iniciativa que nosotros respaldamos porque entendemos que es un disuasivo y una herramienta medular en la lucha contra este mal social”, se puede leer en la carta firmada por la directora ejecutiva de “Somos Más”, Caterina D’Alessio Ramos.
Además, la entidad le recalcó al secretario de Justicia que tanto la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” y la “Política Pública del Gobierno de Puerto Rico” disponen que es su responsabilidad prevenir, investigar y procesar los actos de corrupción.
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Emanuelli Hernández aseveró que ya inició las acciones civiles en los tribunales para regresarle a los puertorriqueños el dinero que le arrebataron los funcionarios públicos corruptos.
“Esta medida novel en la Isla está fundamentada en una enmienda al Código Penal de Puerto Rico, aprobada por el gobernador, Pedro Pierluisi, mediante la Ley 76-2022, y representa un mecanismo adicional en los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico para combatir la corrupción”, puntualizó el líder de la agencia.
