Un pañal ensangrentado alertó a la madre de una pequeña de tres años que estaba siendo abusada por su propio padre. Más de un año después de la denuncia el agresor quedó en libertad, no fue condenado y su caso fue finalmente archivado por la justicia colombiana.
La pequeña de tres años no pudo relatar con su escaso lenguaje lo que le ocurrió. Por ella, y por otros miles de casos, cientos de juguetes “protestaron” hoy, jueves, contra el abuso sexual infantil en Colombia en la icónica Plaza de Bolívar en Bogotá, donde se ubican el Congreso y la altas cortes.
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“Soy el juguete de Miguel Ángel, de 2 años. Él ya no jugará conmigo porque el pasado 15 de septiembre un adulto le quitó la vida después de abusarlo”, se leía en un oso de peluche.
El acto simbólico con juguetes fue realizado por séptima vez en Colombia por la organización internacional Aldeas Infantiles SOS con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y hacer un llamado al Estado para que tome acciones contra el abuso infantil, que se ha elevado en los últimos años.
Según Medicina Legal, el instituto encargado de los servicios forenses en el país, en 2021 se realizaron 18,478 exámenes por presunto delito sexual a menores de 18 años, cifra que en 2022 ascendió a 20,877 y que entre enero y septiembre de este año se ubicó en 14,770.
“El número (de víctimas) sigue creciendo, desafortunadamente, porque la respuesta estatal no ha sido lo suficientemente efectiva”, dijo a The Associated Press Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles.
Alejandro Ruiz, asesor nacional de abogacía de Aldeas Infantiles, detalló que el nivel de impunidad alcanza el 97% dado que de cada 10 casos ni siquiera uno termina en condena.
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En el caso de la menor de tres años abusada por su padre, Ruiz dijo a AP que la madre no fue llamada a interrogatorio ni se tuvieron en cuenta los comportamientos de la menor para investigar el abuso. Tras ser archivada la causa, el presunto agresor demandó por injurias y calumnias a la madre.
Así como en Colombia, existe en Latinoamérica especial preocupación por los casos de abuso sexual infantil dado que a la falta de respuesta suficiente de los Estados para garantizar los derechos de los menores se suma “una tolerancia cultural frente a este tipo de prácticas”, señaló Reyes.
En el caso de Colombia se suma la vulnerabilidad adicional de los niños migrantes. Según Reyes, en el trabajo que han hecho con población migrante en lugares que suelen ser de tránsito constante, como Norte de Santander o La Guajira, fronterizo con Venezuela, han notado que hay “muchos menores no acompañados” más vulnerables a ser violentados.
“El subregistro en este caso es aterrador, la situación es incluso peor que la que se presenta con los niños nacionales, dado que no hay una visibilización de ese fenómeno”, advirtió Reyes.
