Luego de una determinación judicial que daría paso a un aumento de salario a los propios jueces a pesar de que no se aprobó una medida legislativa sobre este incremento, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) esperará por los próximos pasos de la Administración de Tribunales y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El director de la OGP, Juan Carlos Blanco, destacó el rol de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para solicitar la reprogramación de fondos a la Junta de Supervisión Fiscal. Blanco enfatizó que cualquier redistribución de fondos requerirá la autorización de la Junta antes de proceder con transferencias.
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“Es la Oficina de Administración de Tribunales quien tiene que solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los fondos a sus cuentas. En situaciones de redistribuciones, si la Junta lo autoriza, nos enviará una comunicación, y entonces nosotros procedemos a procesar la transferencia”, dijo Blanco a través de declaraciones escritas enviadas a Metro Puerto Rico.
Mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández indicó que también está vigilante a los procesos de movimiento de presupuesto antes de tomar una determinación sobre si ese cuerpo legislativo acude a un proceso legal.
“Estaremos vigilantes al trámite presupuestario y los procesos administrativos para implementar el aumento a estos empleados públicos y, sobre todo, que se proteja la doctrina de separación de poderes dispuesta en nuestra Carta Magna”, señaló Tatito Hernández a través de declaraciones escritas.
Esta afirmación surge luego de que el juez superior Anthony Cuevas Ramos dictaminara que una resolución conjunta aprobada como parte del presupuesto gubernamental constituye la “ley especial” necesaria para oficializar los aumentos de sueldo para los jueces, ordenando al gobierno a realizar los trámites con la JSF para efectuar los pagos retroactivos desde el 1 de julio de 2023.
Las nuevas escalas propuestas para los jueces en Puerto Rico suponen un aumento del 24% para elevar el salario del juez presidente a $154,556; un aumento del 20% para llevar el salario de los jueces asociados del Tribunal Supremo a $144,480. Además, se plantea un incremento del 24% al salario de los jueces del Tribunal de Apelaciones para llevarlos a $130,579; un aumento del 32% para llevar el salario de los jueces superiores a $118,133; y un aumento del 32% para elevar el salario de los jueces municipales a $91,764.