La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, criticó el miércoles la determinación de la Cámara de Representantes no dar paso a la aprobación del Proyecto del Senado 1292 que aumenta el salario de los jueces.
“Valorar un sistema democrático de gobierno obliga reconocer el imperativo de una judicatura fortalecida. Esto no ocurrió hoy. En vez, y por intereses económicos propios, la Asamblea Legislativa rechazó aprobar la medida de justicia salarial a favor de la judicatura puertorriqueña, a pesar de que había reservado los fondos necesarios en la resolución presupuestaria vigente”, expresó mediante declaraciones escritas.
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“Con tal actuación, la Asamblea Legislativa desaprovechó una oportunidad histórica para fortalecer la independencia judicial. Sobra decir que la judicatura puertorriqueña recibe con frustración y una desilusión enorme esta actuación de la Legislatura. Su incapacidad para articular el consenso necesario para aprobar el proyecto de ley que permitiría desembolsar los fondos reservados para ese propósito es impactante y despreciativa del trabajo que se realiza a diario en los tribunales del país”, añadió.
“Dicho esto, apreciamos la apertura de sectores diversos del país para discutir el tema en beneficio del sistema de justicia y de nuestros togados, quienes devengan el mismo salario desde hace 20 años. Continuaremos insistiendo en este reclamo justo que, a su vez, daría paso al fortalecimiento de nuestra institución”, culminó Oronoz Rodríguez.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dejó la medida pendiente de aprobación, luego de que no encontrara apoyo para aumentarle también el salario a los legisladores.
Hay un caso radicado por varios jueces en el Tribunal de Primera Instancia, en el que exigen que se les otorgue el aumento. Hernández Montañez presentó un escrito ante el Tribunal en el cual solicitó la desestimación, bajo el argumento de que las reclamaciones judiciales presentadas por miembros de la judicatura por las mismas no tienen fundamento en las disposiciones de la Constitución que regulan la fijación del salario de los jueces.
