El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, denunció en la mañana de hoy, lunes, que el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) aún no ha entregado a la Cámara de Representantes los datos que puedan evidenciar que no se le están expidiendo armas de fuego a personas que no cumplan con lo que dispone la Ley de Armas.
“Hace tres semanas, me parece, se le hizo una petición de información desde el cuerpo de la Cámara para saber cómo se estaba cumpliendo con la disposición en la Ley de Armas que prohíbe que se le de un arma (de fuego) a una persona que había tenido un caso de incapacidad mental o un caso de una Ley 408. Al día de hoy, no hemos recibido esa información”, sentenció Bernardo Márquez en entrevista con Radio Isla 1320 AM.
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“Probablemente, se está incumpliendo con esa disposición y no se tiene la información de si la persona a la que le estoy dando el arma (de fuego) tiene algún tipo de historial que no la hace apta para recibirla”, agregó.
La “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020″ establece en el artículo 2.02 que no se le podrá otorgar una licencia de arma a un acusado, pendiente o en proceso de juicio por violencia, violencia doméstica, acecho, maltrato de menores o por pertenecer a organizaciones que incurran en actos violentos. Tampoco, se expedirá licencia alguna a una persona declarada incapaz mental, ebrio habitual o adicto al uso de sustancias controladas. Asimismo, a nadie que fue separado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o del NPPR bajo condiciones deshonrosas.
Además, en el artículo 2.01 de la legislación se estipula que “la Oficina de Licencias de Armas llevará constancia de la información requerida para emitir la licencia y mantendrá estadísticas de cuántas licencias han sido expedidas, cuántas han sido renovadas, cuántas han sido denegadas y cuántas han sido revocadas”.
Durante el pasado sábado, en hechos separados, dos mujeres fueron ultimadas a balazos por quienes fueron sus parejas. Ambos tenían licencia para portar armas de fuego.
La primera víctima de feminicidio fue identificada como Annette Virginia Ayala García, de 35 años y residente de Bayamón. Su expareja de 48 años y con quien alegadamente se estaba reconciliado, Andrés Kennedy Albert Amador, admitió haberla asesinado frente a sus hijas de 11 y 14 años tras un ataque de celos ya que Ayala García llegó ese día a las 4:00 de la madrugada.
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Mientras, que Maribel Vega Santiago, de 50 años y residente de Lares, fue asesinada por su pareja, Wenceslao González Morales, con quien llevaba siete años de relación. El hombre de 54 años se privó de la vida luego de cometer los actos. Según informó el NPPR, la pareja no tenía incidentes previos de violencia de género.
En junio de 2022, la periodista María de los Milagro Colón, publicó una investigación en el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) donde reveló que “uno de cada tres feminicidas que usaron armas de fuego, entre 2017 y 2021, tenía licencia o acceso a ella debido a su trabajo, principalmente como policía”.
