Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 3251 y la Alianza Correccional Unida realizaron hoy dos manifestaciones simultáneas frente a la Fortaleza. Una de ellas fue para exigirle al gobernador que no elimine el aumento salarial otorgado a decenas de trabajadores de la Administración de Rehabilitación Vocacional alegando un error en el Plan de Clasificación. La otra fue para exigirle que cumpla con el aumento de $746 prometido a los oficiales correccionales y se trabaje un plan para prevenir la situación de las agresiones contra los Oficiales Correccionales por parte de la población penal.
“Hoy estamos aquí demostrando nuestra indignación ante este nuevo atropello hacia la clase trabajadora. No solo hemos sido víctimas de un plan de clasificación que en su gran mayoría no trajo la justicia salarial prometida por el Gobierno, sino que ahora pretenden eliminarle a un grupo sustancial de la Administración de Rehabilitación Vocacional un aumento salarial que llevan más de seis meses recibiéndolo por concepto de reclasificación y ahora dicen que fue un error, acto que les haría un daño sin precedentes a estos compañeros que ya tienen comprometido ese dinero. Tenemos miembros, que gracias a ese aumento pudieron cualificar para la compra de su hogar, carro y otros. No es justo que ahora tengan que lidiar con esta situación cuando el aumento fue incluso menor a lo que por sus funciones merecen estos compañeros”, expresó William González, presidente de la Local 3251 de SPUPR que representa a estos trabajadores.
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Por su parte, la presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95, Jessica Martínez destacó que este acto es tan injusto y arbitrario que los trabajadores se enteraron de esta situación por los talonarios, ya que aún al día de hoy no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto. “Hacemos un llamado al gobernador a desistir de esta acción y cumplir con estos trabajadores que dan un servicio directo a la población discapacitada de nuestro país. Quitarles ese aumento es un acto vil y antiobrero que lacera grandemente la capacidad financiera de estos compañeros. “señaló.
Por otro lado, Martínez, quien también es la líder de la Alianza Correccional Unida, denunció que los actos violentos de la población correccional hacia los oficiales correccionales están en alzada, sin que la administración tenga un plan preventivo.
“Es preocupante que la agencia no sepa diferenciar lo que es una reyerta de un motín, no nos da el equipo necesario y accesible para poder prevenir y repeler las agresiones en este tipo de revuelta. Y peor aún, la agencia ha estado patrocinando de manera constante privilegios a la población correccional y esto está poniendo en riesgo la seguridad del oficial. Necesitamos un compromiso serio de esta administración con el oficial correccional para que no se siga poniendo en riesgo su vida innecesariamente.” sentenció.
Además, exigió al gobernador a que cumpla con el aumento salarial de $746 que se legisló y se aprobó pero que aún no se ha pagado.
