El juez de apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, presentó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para hacer valer el aumento de sueldo a los jueces de Puerto Rico. Esto de conformidad con el Plan de Retribución de los Empleados del Poder Judicial, según aprobado por la Junta de Control Fiscal.
Los fondos para la puesta en vigor de dicho Plan de Retribución fueron aprobados mediante la Resolución Conjunta Núm. 39 del 29 de junio de 2023 sobre el Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico y están separados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.
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En su recurso, el juez Marrero Guerrero alegó que no es necesaria la aprobación de legislación ulterior para que dichos fondos sean destinados al Poder Judicial a los fines de implementar el aumento de salario a sus jueces. En tanto, la Resolución Conjunta sobre el Presupuesto constituye una ley especial que autoriza el uso de dichos fondos. Además, sostuvo que la intención de la Cámara de Representantes de sujetar la utilización de dichos fondos a un aumento a sus legisladores viola el principio de separación de poderes y constituye un agravio al precepto constitucional de independencia judicial.
La demanda del juez Marrero fue presentada por conducto de los licenciados José A. Andréu Fuentes y Frank C. Torres Viada.
“La pretensión del presidente de la Cámara de Representantes de condicionar la aprobación del aumento a los jueces de Puerto Rico a la aprobación de un aumento a los legisladores es una actuación que no solo viola la Resolución Conjunta sobre el Presupuesto, que fue aprobada previamente por ambas Cámaras y por el Gobernador de Puerto Rico, sino que constituye un claro atentado a la separación de poderes establecida en nuestra Constitución y al principio de independencia judicial inherente a nuestro diseño constitucional. En palabras sencillas, la Cámara de Representantes no puede mantener de rehén a la Judicatura de Puerto Rico, por mero capricho, con el único fin de aumentar el salario de sus propios legisladores. En términos prácticos lo que hace con ello es menoscabar la independencia de la Rama Judicial”, expresó Andréu Fuentes.
Por su parte, Torres Viada indicó que “la importancia de este recurso radica justamente en vindicar la independencia necesaria para el buen funcionamiento de la Rama Judicial en nuestro ordenamiento constitucional democrático, la cual no puede estar de forma alguna subordinada a consideraciones ajenas al fin último de una adecuada y sana administración de la justicia. Después de todo, no se trata meramente del salario de los jueces, sino de garantizar los derechos de todos los puertorriqueños”.
