Luego de que Luis Irizarry Pabón fuera fichado en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en Hato Rey, fue suspendido de sus funciones como alcalde de Ponce.
Esto luego de haberse encontrado causa para arresto durante una vista que se llevó a cabo el pasado martes en la sala 606 del Centro Judicial del municipio del sur.
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El abogado José Andreu Fuentes confirmó a Metro puerto Rico, la suspensión de Irizarry Pabón.
“Luis Irizarry Pabón fue suspendido por el PFEI de manera ilegal. Y digo de forma ilegal porque no se dan las circunstancias extraordinarias que requiere la ley para poder destituir un alcalde en este momento, cuando él no ha salido culpable de ningún delito, sino que sencillamente se han presentado en su contra unas imputaciones de unos delitos”, dijo Andreu Fuentes.
El abogado añadió que los delitos de los que se señala a Irizarry Pabón no son por corrupción gubernamental ya que no conllevan malversación o uso de fondos públicos ni con su desempeño como alcalde.
“Esa decisión lo que hace es demostrar la verdadera intención del PFEI en este asunto”, aseguró el abogado.
Anteriormente, Irizarry Pabón, presentó ante la legislatura municipal un proyecto que provocaría cambios al orden de sucesión en el ayuntamiento municipal, la cual fue aprobada.
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El nuevo orden establece una sucesión, en primera instancia, a la posición de vicealcalde(sa), seguido del administrador(a) municipal, secretario(a) municipal y, finalmente, el director(a) de la Oficina de Servicios Legales.
Las tres posiciones más altas según las nuevas reglas están ocupadas por la vicealcaldesa Marlese Sifre, Francisco Rodríguez el administrador municipal y el secretario municipal Edgar Avilés. Quiénes también fueron mencionados en una pesquisa de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).
Por ende, la vicealcaldesa Marlese Sifre tomará las rindas del ayuntamiento según el orden de sucesión, quien ofrecerá una conferencia de prensa, sobre la continuidad de los servicios, programas e iniciativas de la Administración Municipal.
En la mañana del miércoles, Irrizarry Pabón llegó al edificio a las 9:45 de la mañana junto a su esposa Miyady Velázquez. A la salida cercano a la una de la tarde, el abogado Andreu Fuentes llegó hasta la Oficina del FEI para escoltar al alcalde y su esposa.
Ante preguntas de la prensa sobre una posibles suspensión a Irizarry, Andreu dijo que si llega a ser suspendido sería un acto ilegal. “Hay que dar un debido procedimiento de ley, hasta ahora desconocemos (...) que no les extrañe que le violen el debido proceso de ley, sin duda”, dijo Andreu refiriéndose al proceso de suspensión.
El alcalde se limitó a decir comentarios repitiendo la frase “seguimos adelante”. Sin embargo, a las 11 de la mañana Irizarry Pabón emitió unas declaraciones escritas y aseguró: “El resultado de esta vista de Regla 6 es sólo el principio de un proceso en el que habremos de demostrar que la Oficina del Fiscal Especial Independiente se prestó para llevar a los tribunales un caso motivado por el revanchismo de personas que fallaron a mi confianza y por lo que fueron despedidos de sus puestos”.
Añadió que con este proceso demostrará que la OPFEI, “representa un derroche de fondos públicos para sostener un organismo que se dedica, no a buscar la verdad sino a preparar casos amañados”. Además reiteró que continuará como alcalde de Ponce.
Los cargos presentados incluyen dos violaciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, relacionadas con informes financieros requeridos, y otras dos al artículo 251 del Código Penal por enriquecimiento injustificado. La sala es presidida por la jueza Adria Cruz Cruz.
Posteriormente, la jueza encontró causa para arresto en todos los cargos contra el alcalde. El pasado mes de abril, el PFEI, determinó designar un fiscal especial independiente al alcalde tras la recomendación realizada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
El informe de la DIPAC recibido por el PFEI detalla que el alcalde Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los Artículos 191 y 251 del Código Penal; los Artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el Articulo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al secretario de Justicia.
Mediante dicha comunicación se informó, que el Alcalde le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular que laboraban en el municipio.
En la comunicación con la cual se originó la querella sobre este caso se argumenta que el dinero recaudado seria para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos. Además, se alega la existencia de un esquema de “kick back”, mediante el cual el alcalde ponceño le asignó a otros dos funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio.
Desde ese momento el alcalde se ha aferrado a su silla y se ha negado a renunciar.
Por otra parte el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, separó al mandatario municipal de todos sus cargos políticos.
Ortiz anunció además, que convocará una reunión del comité municipal ponceño para discutir “los pasos a seguir”.
“Ante los hechos acontecidos hoy, he tomado la decisión de separar de todas sus posiciones políticas en el PPD, incluyendo su posición de Presidente del Comité Municipal de Ponce, al alcalde Luis Irizarry Pabón, en lo que se dilucida su caso ante la justicia”, expresó Ortiz González.
“Aunque he sido claro en que reconozco que al alcalde le asiste el derecho a que el estado le pruebe cualquier acusación más allá de duda razonable; es mi deber actuar siempre en protección de la institución. Nuestro Reglamento es claro en torno a situaciones como esta”, añadió.
