El Tribunal de Apelaciones avaló la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia donde se destituyó a Elizabeth Torres Rodríguez como para de la delegación congresional que se eligió para cabildear por la estadidad en Washington.
Según la sentencia, un panel del Tribunal Apelativo descartó los planteamientos que presentó Torres Rodríguez en su apelación y resaltó continuos incumplimientos en sus comparecencias ante los tribunales, enfatizó lo generalizado e infundado de sus argumentos y validó la destitución que comenzó el Departamento de Justicia.
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“Contrario a los argumentos de la señora Torres Rodríguez, la determinación del foro primario al destituirla no estuvo basada en la inconformidad del foro primario con el contenido del tercer informe. Por el contrario, el foro primario fue meridianamente claro en que la “determinación no se basa en las críticas que contiene el Tercer Informe sobre la Ley o sobre la labor de los demás delegados o cualquier otra””, lee la sentencia.
“La señora Torres Rodríguez argumenta que el foro primario erró al omitir analizar el efecto del proceso sumario, en los intereses de los votantes que eligieron a la apelante mediante el voto directo. Ese argumento es uno totalmente impertinente y su discusión fue muy escueta. Reiteramos que ante nosotros está la evaluación de la procedencia o no de la sentencia dictada sumariamente”, añade.
Además, se indicó que Torres Rodríguez tuvo la oportunidad de presentar prueba dirigida a controvertir los hechos materiales en su caso y optó por no hacerlo.
Fue en abril del 2022 cuando el Departamento de Justicia solicitó la destitución de Torres alegando incumplimiento craso con sus deberes y funciones del cargo para el cual fue electa. Posteriormente, en junio del 2023 fue destituida tras la determinación del Tribunal de Primera Instancia.
La Delegación Congresional de Puerto Rico electa para el término 2021-2024 comenzó sus labores en Washington, DC, a partir del 1 de julio del 2021 y culminarán sus labores el 31 de diciembre del 2024.
Torres Rodríguez podía devengar un salario de 90,000 dólares al año y solicitar hasta 30,000 dólares anuales en reembolsos. Estos fondos provienen del presupuesto asignado por el Gobierno de Puerto Rico a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), por lo que es dinero que proviene del Pueblo y se consideran fondos públicos.
