Luego de que se diera a conocer que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) citó al alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón al tribunal para la radicación de cargos, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, exigió un proceso “imparcial” para el mandatario municipal.
“Es importante establecer la absoluta desconfianza del país en los procesos que lleva a cabo el PFEI y resaltar el descrédito de esta institución por sus acciones previas y las preocupantes señales de politización que hemos visto durante todo este proceso. Si de verdad tienen un caso fundamentado contra el alcalde, les corresponde presentarlo ante el sistema judicial y ante el país con claridad y profesionalismo”, expresó Ortiz en declaraciones escritas. “Respetaremos el proceso y exigimos imparcialidad y responsabilidad en el mismo. En cuanto al alcalde, reconocemos lo cobija la presunción de inocencia y su derecho a que el estado pruebe más allá de duda razonable cualquier imputación. Estaré atento al resultado del proceso del próximo martes”, añadió.
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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) citó al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, para la radicación de cargos en su contra la próxima semana.
El alcalde fue citado al Tribunal de Ponce para el próximo martes, a las 10 de la mañana cuando se estarían radicando los cargos.
El pasado mes de abril, el PFEI, determinó designar un fiscal especial independiente al alcalde tras la recomendación realizada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
El informe de la DIPAC recibido por el PFEI detalla que el alcalde Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los Artículos 191 y 251 del Código Penal; los Artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el Articulo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al Secretario de Justicia.
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Mediante dicha comunicación se informó, que el Alcalde le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular que laboraban en el municipio.
En la comunicación con la cual se originó la querella sobre este caso se argumenta que el dinero recaudado seria para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos. Además, se alega la existencia de un esquema de “kick back”, mediante el cual el alcalde ponceño le asignó a otros dos funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio.
Desde ese momento el alcalde se ha aferrado a su silla y se ha negado a renunciar.
