La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto 319, del portavoz de la mayoría y representante de Carolina, Ángel Matos García, para darle a los municipios la capacidad de revocar permisos de negocios que operen en violación de los términos y condiciones establecidos.
El Proyecto de Ley busca enmendar el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para permitir a los alcaldes de municipios autónomos que cuentan con Oficinas de Permisos. Esto permitirá recurrir a medidas ordinarias y extraordinarias para gestionar la revocación de permisos cuando se evidencie un incumplimiento de los parámetros y condiciones bajo los cuales se otorgaron dichos permisos.
PUBLICIDAD
“Nuestros municipios autónomos tienen el deber de garantizar la seguridad y la paz en sus comunidades. Hemos visto lamentables casos en los que los permisos de negocios se han utilizado de manera indebida, incluso contribuyendo a la criminalidad. Esta legislación proporcionará a nuestros alcaldes la capacidad necesaria para tomar medidas enérgicas y revocar permisos cuando sea necesario, protegiendo así a nuestros ciudadanos”, dijo Matos García en declaraciones escritas.
La exposición de motivos del Proyecto destaca cómo la Ley 81-1991, antes conocida como la “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, concedió a los municipios la autonomía necesaria para operar sus Oficinas de Permisos. Sin embargo, la derogación de esta ley y su sustitución por la Ley 107-2020, que creó el “Código Municipal de Puerto Rico”, dejó lagunas en la facultad de los municipios para revocar permisos en casos de incumplimiento.
“Es esencial que nuestros alcaldes tengan las herramientas legales para actuar ante situaciones en las que se ponga en peligro la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Agradezco a mis colegas legisladores por su apoyo a esta iniciativa, que busca proteger a los ciudadanos de actividades ilegales y perjudiciales”, indicó el portavoz.
Con la aprobación del Proyecto 319, se espera que los municipios de Puerto Rico puedan hacer cumplir de manera más efectiva las condiciones de los permisos de negocios y contribuir a la creación de entornos seguros para todos sus residentes.
