El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, sostuvo hoy, jueves, que el dinero de la segunda crudita, que inicialmente fue aprobada para costear la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), actualmente va al Fondo General de Puerto Rico, por lo que, para su reducción, se necesitaría una legislación dentro del contexto de PROMESA y una fuente de repago.

“Habría que hacer análisis económico, verificar qué dice el Plan Fiscal, cuál es el alcance, convencer a la Junta [de Supervisión Fiscal] de que cambien sus metodologías de proyecciones de ingresos para que sea uno más comparable con lo que verdaderamente ocurre, pasar la legislación”, explicó el funcionario en conferencia de prensa.

El Plan Fiscal requiere que todo cambio contributivo tenga una fuente de repago a nivel de ingreso, y no permite que el gobierno reduzca su presupuesto operacional para subsidiar esa posible reducción al Fondo General.

El secretario especificó que unos $370 millones se transfirieron, desde el 2016, al Fondo General, que sirven para cubrir las obligaciones presupuestarias del gobierno, como es el servicio a la deuda.

“A mi me encantaría ver esa potencial solución, pero reducciones en carga contributiva en el contexto de PROMESA es bien cuesta arriba en lo que dice el Plan Fiscal. Sin embargo, han habido reducciones que se han podido implementar. Una cosa es que sea cuesta arriba y otra cosa es que nos rindamos”, dijo Parés Alicea.

La Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, de 2017, y la implementación de la Ley PROMESA dieron paso a la centralización de gran parte de los ingresos al Fondo General. “En el caso de la crudita, incluso la Asamblea Legislativa refrendó la transferencia de estos ingresos al Fondo General cuando pasaron la famosa Ley 53, que dio paso a lo que fue la confirmación del Plan de Ajuste de las obligaciones del gobierno central”, especificó el funcionario.

La llamada “crudita 2″ fue el segundo impuesto que aumentó el costo de la gasolina a los consumidores en 2015- bajo la administración de Alejandro García Padilla- en 16 centavos por galón (de $9.25 a $15.50 por barril de crudo) con el fin de saldar las finanzas de la ACT y reducir su deuda.

El propósito de la crudita 2 comenzó a ser cuestionado tras el anuncio del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, esta semana, de una Alianza Público-Privada (APP) entre la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la empresa Abertis (Metropistas) para mejorar varias carreteras de la isla y cubrir el pago de la deuda de la ACT.

Según explicaron en conferencia de prensa, esta concesión contempla un pago inicial de $2,850 millones de dólares por parte de Abertis a la ACT, que le permitirá cubrir el pago de su deuda, y una inversión de capital privado de sobre $2,370 millones de dólares para modernizar y mejorar la infraestructura, calidad y seguridad de las carreteras de peaje PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66, durante un término de 40 años.

Al preguntarle al gobernador de Puerto Rico, si este acuerdo podría representar algún aumento en las tarifas de peajes, Pierluisi contestó que “el Plan Fiscal certificado de la Autoridad de Carreteras ya vislumbra aumentos de peajes por, principalmente, el impacto de la inflación. Se han dado aumentos en el pasado, y se darán en el futuro dependiendo de la inflación. En el caso de Abertis, es prácticamente lo mismo”.

Aquí lo que dijo hoy Alejandro García Padilla sobre La Crudita 2:

No obstante, el secretario de Hacienda aseguró que, gracias a la expansión del crédito por trabajo, $1,100 millones han sido distribuidos a 650,000 familias, lo que ayuda a reducir la carga contributiva de las personas.

“Hace rato que el gobierno, implícitamente, ayudó, de alguna manera u otra, a reducir la carga contributiva de las personas, que incluye el incurrir cuando compran artículos de petróleo, que están sujetos a la crudita”, expresó.