Gremios de camioneros exigieron hoy, jueves, que se enmiende la Ley de Servicio Público (Ley 109-1962) para modificar la aplicabilidad de la figura del porteador por contrato con el fin de que esté en consonancia con la reglamentación de tarifas.
Los portavoces de las distintas organizaciones acudieron a una vista pública de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, presidida por representante popular Gretchen Hau, para evaluar el Proyecto de la Cámara 1873.
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La medida de la autoría de Hau y el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, persigue atender las preocupaciones del Frente Amplio de Camioneros (FAC) que denunció que la existencia del porteador por contrato ha generado un ambiente de competencia desleal y desbalance para el porteador público.
“Ante esta situación los concesionarios del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) quedan en desventaja, ya que estos camioneros tienen que cumplir con tarifas fijas, inspecciones constantes de las unidades, licencias de operadores, pagar por las franquicias y se exponen a multas en caso de algunas faltas o fallas de las unidades”, expresó Juan Galarza, designado por los gremios de camioneros.
Según Galarza, las compañías e individuos que se refugian en la forma que está estipulada la ley no se exponen ni pueden ser intervenidos por el NTSP. Tampoco tienen que cumplir con las tarifas y, en muchas ocasiones, reducen hasta un 30% de la tarifa establecida con el propósito de “quedarse con el transporte y la entrega de bienes y servicios”.
Galarza indicó que esta controversia ya fue atendida en el foro judicial cuando el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston falló en contra de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y determinó que el NTSP puede establecer tarifas mínimas justas y razonables.
“Nosotros, aparte de ser camioneros, somos consumidores. Lo que está sucediendo en Puerto Rico con el transportista es algo insólito. Aquí va a haber una situación fuerte con los transportistas por las múltiples violaciones tarifarias”, manifestó Carlos Schettini, portavoz de Camiones Unidos de Puerto Rico.
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“Aunque el tribunal ya decidió y ha fallado a favor nuestro, si el gobierno no ejerce su deber ministerial en esta definición de porteador por contrato a mí me siguen pasando por encima. Nosotros no podemos continuar permitiendo que estas violaciones tengan lugar”, agregó.
Entre las enmiendas que reclama el FAC se encuentra que la legislación determine que el NTSP está facultado a emitir autorizaciones o permisos para el transporte de pasajeros y cargas en el territorio de Puerto Rico. Además, que se establezcan unas tarifas mínimas “justas y razonables” en el sistema de transportación pública para permitir “un justo balance entre concesionarios y usuarios que beneficie al pueblo”.
“Esto se ha convertido en una práctica de un contrato de adhesión, que cuando la persona va a llegar a ofrecerle los servicios a una de estas compañías, sencillamente le dicen: ‘Aquí estamos el 30 por ciento por debajo de la tarifa… O lo coge o lo deja’”, puntualizó Hernández Montañez.
La representante Hau informó que la comisión cameral convocó al NTSP desde el pasado 6 de octubre. Sin embargo, fue a minutos de comenzar la vista pública que la agencia se excusó de su citación y tampoco entregó la ponencia que le fue requerida.
Piden que regulación de exámenes recaiga en el NTSP
Durante la audiencia pública también se discutió el Proyecto de la Cámara 1872 para otorgarle al NTSP la autoridad para fiscalizar los exámenes teóricos y prácticas, así como a los examinadores que emiten las licencias de transporte.
La exposición de motivos de la medida destaca que los gremios de camioneros y las Escuelas de Conducir han reclamado la escasez de examinadores, pues muchos de ellos se han retirado o fallecido y no se ha realizado “un reclutamiento adecuado” debido a que el adiestramiento requerido solo se ofrece en los Estados Unidos.
De acuerdo con la organización Camioneros Unidos, el NTSP es el ente equipado con el personal, conocimiento, recopilación de datos, métricas de seguridad y es el encargado de intervenir con los transportistas.
“Teniendo una agencia asignada única y exclusivamente a los asuntos que compete a la transportación, no hay necesidad por la cual depositar más carga en otras agencias que no cuentan con los recursos humanos para atender un asunto tan serio que se resume en la seguridad del pueblo y de los camioneros”, manifestó Schettini.
Asimismo, el portavoz de los Camioneros Unidos también comunicó que la responsabilidad de licenciar a las personas que persiguen una carrera en la industria del transporte recae sobre el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), agencia que, a su entender, no ofrece ningún tipo de preparación significativa ni cuenta con los recursos suficientes.
Los gremios señalaron en la vista pública que anteriormente existía un aproximado de cuatro examinadores por cada Centro de Servicios al Conductor (CESCO) alrededor de la isla. Sin embargo, al presente se contabiliza solo un examinador en cada CESCO.
Mientras, el presidente cameral aseguró que la ley federal no tiene ninguna limitación para que los examinadores sean certificados en Puerto Rico, por lo que el cuerpo legislativo evaluará asignar fondos para que la entidad a cargo en Estados Unidos pueda ejercer sus funciones en la isla.
“Al final, tenemos que establecer cómo vamos a garantizar que ese examinador, sea privado, sea del ente, sea del Negociado, sea en otra agencia, esté en cumplimiento con la ley. Lo único que tenemos aquí de controversia es garantizar que las personas que van a evaluar a ese futuro chofer estén certificadas”, aseveró Hernández Montañez.
