La empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. y dos de sus directivos, Ivelisse Rivera Padilla y Carla Carrillo Torres, se declararon culpables ante el juez principal del Distrito de Estados Unidos, Raúl Arias Marxuach.
La compañía VIP Healthcare admitió haber presentado una declaración falsa en relación con una solicitud de préstamo del Programa de Protección de Nómina (PPP) y violó el 18 U.S.C. § 1014. Según la secretaria de VIP Healthcare, Carla Carrillo-Torres, la empresa certificó incorrectamente su solicitud de préstamo PPP del 7 de abril de 2020 por 249,755.35 dólares y no identificó a otros propietarios de la empresa que poseían más del 20 por ciento de la misma.
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Carla Carrillo Torres también se declaró culpable por separado de violar el 15 U.S.C. § 645(c) al enviar la solicitud de préstamo PPP fraudulenta. Admitió haber respondido “no” cuando se le preguntó si algún propietario de VIP Healthcare estaba involucrado en algún proceso de quiebra. Sabía que su socia, Ivelisse Rivera-Padilla, poseía más del 20 por ciento de la compañía y estaba en un proceso de quiebra del Capítulo 13.
Ivelisse Rivera-Padilla, presidenta de VIP Healthcare y abogada con licencia, admitió 14 cargos de fraude en quiebras por hacer representaciones materialmente falsas. Ocultó propiedades e ingresos durante sus procedimientos de quiebra y no reveló la totalidad del patrimonio de quiebra, incluyendo la operación de VIP Healthcare.
También ocultó la compra de un apartamento en Condominio Golf & Playa, Cabo Rojo, por 270,000 dólares, y un terreno en Rainforest y Sea View Resort, Luquillo, por 275,000 dólares. Además, ocultó su interés en otra entidad llamada Farmacia Libertad y ingresos de un negocio de alquiler en AirBnB.
La sentencia de los acusados está programada para el 17 de enero de 2024. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, ambas acusadas han accedido a renunciar a cualquier interés en las propiedades ocultas.
El anuncio fue hecho por el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow, Mary Ida Townson, Fideicomisaria de Estados Unidos para Georgia, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y Joseph González, Agente Especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.
La investigación está a cargo del FBI y el Programa de Fideicomisario de Estados Unidos.
