Un juez federal denegó el viernes un recurso jurídico de los defensores de los migrantes para prohibir que los funcionarios estadounidenses rechacen a los solicitantes de asilo en los cruces fronterizos con México si no tienen cita previa en una aplicación de teléfono móvil.
La sentencia supone una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden y su estrategia de crear nuevas vías de entrada a Estados Unidos, a la vez que dificulta la solicitud de asilo a quienes no siguen los métodos establecidos.
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Más de 263.000 personas programaron citas en la aplicación CBP One desde que se introdujo en enero hasta agosto, incluidas 45.400 solicitudes que fueron procesadas en agosto. Las nacionalidades más numerosas de las personas que programaron citas son la haitiana, la mexicana y la venezolana.
La aplicación, lanzada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), ha sido criticada por la derecha como demasiado permisiva y por la izquierda como demasiado restrictiva.
CBP One se ha convertido en “el único mecanismo para acceder al proceso de asilo de Estados Unidos en un (puerto de entrada) en la frontera sur”, dijeron abogados de los grupos activistas Al Otro Lado y Alianza Puente Haitiano en un informe antes de la audiencia del viernes en San Diego. El devolver a las personas sin cita previa viola la política de la CBP y las deja “varadas en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas, vulnerables al secuestro, asalto, violación y asesinato”, señalaron.
El Departamento de Justicia insistió en que no existe una política de devolución de solicitantes de asilo. Si bien los que tienen cita tienen prioridad, la Patrulla Fronteriza no puede “devolver” a los que no la tienen, escribieron los abogados del gobierno.
El juez federal de distrito Andrew Schopler, nombrado por Biden, dijo que tenía las manos atadas por el precedente de la Corte Suprema que limita su autoridad en materia de políticas de inmigración.
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Los demandantes están decepcionados con la decisión y están sopesando apelar, dijo Melissa Crow, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados, que los representa.
Katherine Shinners, abogada del Departamento de Justicia, dijo al juez que su razonamiento era correcto y que el caso era “bastante sencillo”.
Ante la afluencia de solicitantes de asilo procedentes de más de 100 países, la mezcla de caminos jurídicos y de más medidas coercitivas implementada por el gobierno está siendo impugnada en los tribunales desde distintos frentes.
El gobierno apeló la decisión de bloquear una nueva norma que dificulta la solicitud de asilo a quienes viajan a través de otro país, como México, y entran ilegalmente a Estados Unidos. Esta norma sigue en vigor mientras se resuelve la apelación.
Otro caso que se sigue muy de cerca impugna una política de conceder una estancia de dos años a hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela si la solicitan por internet con un patrocinador financiero y llegan a un aeropuerto. Texas encabeza a 21 estados que argumentan que Biden se excedió, diciendo que “equivale a la creación de un nuevo programa de visados que permite entrar a Estados Unidos a cientos de miles de extranjeros que de otro modo no tendrían fundamento para hacerlo”.
La impugnación a CBP One continuará en San Diego, a pesar de que el juez se negó el viernes a intervenir inmediatamente.
