En medio de la controversia que rodea el proyecto de enmienda a la Ley de Armas de Puerto Rico, el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresaron su preocupación y expectativas sobre la decisión de La Fortaleza de devolver a la legislatura el proyecto de enmiendas a la ley.
El jueves pasado, el Senado y la Cámara de Representantes solicitaron a La Fortaleza que devolviera el Proyecto Sustitutivo al PC 575 y PC 382 de modificación de varios aspectos de la Ley de Armas de Puerto rico de 2020.
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Entre las enmiendas en el Proyecto Sustitutivo, se incluía eliminar la distancia mínima entre las escuelas y armerías a 300 metros de distancia.
En días recientes, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón y Denis Márquez Lebrón, junto con el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, expresaron su firme oposición al proyecto y solicitaron al gobernador Pedro Pierliuisi que lo vetara.
El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) expresó a Metro Puerto Rico la incertidumbre sobre las razones específicas detrás de esta decisión y señaló que había escuchado dos versiones. Por un lado, se especulaba que la devolución se debía a cuestiones técnicas que requerían corrección, mientras que, por otro lado, se sugería que las preocupaciones acerca de la proximidad entre escuelas y armerías habían resonado en la Fortaleza. Márquez del MVC expresó su esperanza de que prevaleciera la sensatez y que el gobernador optara por mantener las escuelas y sus alrededores como zonas libres de armas.
“He escuchado dos versiones, por un lado, que la devolución se debió a asuntos técnicos que deben corregirse y, por otro lado, que resonaron en Fortaleza las preocupaciones con eliminar la distancia entre escuelas y armerías. Quiero pensar que es lo segundo, que prevaleció la sensatez y que el Gobernador prefiere mantener las escuelas y su entorno como zonas libres de armas”, dijo a través de declaraciones escritas.
Anteriormente, Márquez había expresado su repudio a las enmiendas a la Ley de Armas. Márquez Reyes había dicho que el cambio de la distancia entre escuelas y armería fue a petición fue un armero que se le revocó su licencia debido a que su armería no está al menos a una milla de distancia de una escuela en Trujillo Alto.
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No obstante, el presidente de Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, explicó a este medio que una de las modificaciones tiene como objetivo evitar que los campos de tiro al aire libre estén ubicados en las proximidades de escuelas. sin embargo, destacó que los campos de tiro cerrados pueden estar situados en las cercanías de instituciones educativas.
Así mismo la senadora Nitza Morán, del Partido Nuevo Progresista (PNP), se pronunció sobre el tema y enfatizó la necesidad de entender los puntos centrales detrás de la decisión del gobierno de devolver la medida.
“Todavía no sabemos cuáles son los puntos medulares que la oficina del gobernador entendió para devolver la medida. Al ser una medida que salió de un sustitutivo de dos proyectos de la Cámara de Representantes, pues obviamente se está devolviendo. Nosotros todavía no tenemos ese acceso, estamos en la espera de poder evaluar cuáles son los cambios si alguno, o que realmente está buscando la oficina de gobernador”.
La senadora también destacó que muchas de las enmiendas propuestas en el proyecto eran de naturaleza técnica y no alteraban significativamente la ley existente. Además, abordó la preocupación sobre la distancia entre armerías y escuelas, señalando que se evaluó la seguridad de las armerías y la regulación existente en Puerto Rico.
“El bajar la distancia a los 300 metros es lo que ocasionaba un poquito de preocupación dentro de la comunidad escolar. Sin embargo, a comparación de algunos estados, estamos hablando de 300 metros, que es mucha más distancia que lo que estipulan algunos estados que son 200 pies o 100 pies. O sea, eso es lo que hablamos es walking distance”, explicó Morán y añadió que las armerías que pueden estar a esa distancia son de difícil acceso con códigos rigurosos para la entrada y salida de miembros.
“Estamos atemperando la ley nuevamente para lo que está sucediendo, y la necesidad que tenemos los ciudadanos, más allá de los que portan armas y otros que no no tienen o no les interesa, ni poseen ningún tipo de arma, pero tenemos que ver que muchos de las personas que ostentan licencias es para seguridad propia y seguridad de la propiedad, pero muchos otros también tienen estas licencias de una manera recreativa y entonces hay que respetar esa libertad”, anadió Morán.
Por su parte, la Senadora María de Lourdes Santiago aplaudió la decisión de Fortaleza de devolver el proyecto y destacó que el PIP había advertido sobre las consecuencias de permitir la proximidad entre armerías y escuelas desde el principio. También señaló que incluso la Asociación Nacional del Rifle (NRA) había demostrado ser más prudente que CODEPOLA en este asunto.
Santiago subrayó que Puerto Rico había logrado mantener un control estricto sobre la venta de armas, y acercar la venta de armas a las escuelas representaba un peligro evidente. Argumentó que las tragedias en Estados Unidos estaban relacionadas con la facilidad de adquirir armas en ese país y que incluso aquellos que favorecen la tenencia de armas, como la NRA, coincidían en que las escuelas no eran lugares adecuados para armerías.
“Si la medida es salvable dependerá de cuál es el interés de los promoventes, es una medida auspiciada por CODEPOLA, que, por cierto, es la misma gente que estuvo detrás del del depósito de neumáticos de toneladas de neumáticos en Salinas de manera ilegal en contubernio con la guardia nacional que se prestó para esa ilegalidad”, dijo la senadora.
“No sé cuál sea el interés de ellos, pues se había señalado que había en personas particularmente interesadas en esa cláusula que permitía la cercanía a las escuelas”, añadió
Por otro lado, el representante Héctor Ferrer del Partido Popular Democrático (PPD) comentó que la devolución del proyecto era parte del proceso legislativo y que se estaban considerando cambios en la medida. Afirmó que era necesario analizar detenidamente el lenguaje del proyecto antes de tomar una decisión final.
“Me imagino que en la comunicación que vaya a hacer la Fortaleza, si ya la hizo, se incluyeron los cambios. Imagino que detrás de los bastidores, pero también se estarán llevando el lenguaje que yo entiendo que es meritorio. Hay que ver cuál es para poder tomar una determinación en cuanto al lenguaje del proyecto”, dijo el representante.
