La inspectora general de Puerto Rico (OIG), Ivelisse Torres Nieves, informó el martes que una intervención en el Departamento de Educación (DE), reveló incumplimientos con leyes y reglamentación aplicables a licencias de recursos humanos.
La intervención, que cubrió el período del 1 de julio de 2020 al 28 de febrero de 2021, identificó que el DE realizó transacciones relacionadas a nombramientos en puestos de confianza que pudieron haber alterado los cómputos para los balances de licencia de vacaciones acumuladas, las cotizaciones como tiempo trabajado (compra de tiempo), y los pagos de liquidación final de licencia de vacaciones acumuladas antes que los empleados se desvincularan del servicio público
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“Estas transacciones involucraron nombramientos de personal que ya habían iniciado trámites para su retiro. Los nombramientos en puestos de confianza antes del retiro tuvieron efecto en la “compra de tiempo” y liquidación de licencias previamente acumuladas. Algunos de estos empleados estuvieron menos de 3 meses en el servicio público luego de recibir sus nuevos nombramientos”, dijo Torres Nieves en declaraciones escritas.
“Con sus nombramientos, los empleados recibieron aumentos salariales significativos que impactaron notablemente su capacidad para cotizar tiempo de retiro e influyeron en los pagos que recibieron por la liquidación de licencias. Con estos aumentos salariales, necesitaron menos días para cumplir con los requisitos de retiro y utilizaron la diferencia en días acumulados para obtener mayores pagos por liquidación de sus licencias acumuladas”, añadió.
Mencionó que las situaciones señaladas constituyen una cantidad aproximada de 61,558 dólares en costos cuestionables de fondos públicos, tales como pagos en exceso y el cálculo estimado de liquidación global.
“La cantidad en costos cuestionables pudiese ser mayor considerando que la muestra representó un 25% del universo de transacciones correspondiente a la Oficina Central. Asimismo, pudiese afectar la anualidad recibida del retiro, ya que se considera un promedio de los 36 salarios mensuales más altos que el retirado hubiese obtenido en su historia laboral”, sostuvo.
Los empleados de la Oficina del Inspector General emitieron unas recomendaciones al DE para que inicie un proceso de recobro por las cantidades desembolsadas. De igual forma, se remitió el informe al DE para que tome las medidas correctivas necesarias, ante el incumplimiento de procedimientos internos por parte de sus empleados.
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En la intervención, los auditores de la OIG detectaron falta de uniformidad en los procesos y ausencia de reglamentación en la Oficina de Nómina del DE e incumplimiento con las obligaciones establecidas en el Reglamento de Personal por los empleados que cesaron sus funciones y el personal del DE.
En cuanto a las transacciones relacionadas al balance de licencia por vacaciones acumuladas para la cotización como tiempo trabajado, y el pago de liquidación final de licencia de vacaciones acumuladas a la desvinculación una muestra reflejó:
Nombramientos a un puesto de confianza con aumento de salario posterior a la solicitud de retiro;
balance de licencia de vacaciones acumuladas presentado en el Informe de Balance Confidencial sobreestimado;
Cantidad de días de licencia de vacaciones utilizados para comprar tiempo eran insuficientes para cubrir el valor monetario establecido por el Sistema de Retiro de Maestros;
Pago en exceso por liquidación final de balance de licencia de vacaciones acumuladas, y enmiendas a los formularios requeridos para el trámite de retiro con compra de tiempo, cuyas fechas fueron posteriores a la efectividad de la renuncia
