El gobierno de Estados Unidos indicó que está preocupado ante las acciones de la fiscalía en el proceso electoral de Guatemala y dijo que impondrá sanciones contra quienes socaven la transición pacífica del poder en la nación centroamericana.
Ayer, funcionarios de la fiscalía tomaron las actas electorales de la primera vuelta durante un nuevo allanamiento a las instalaciones de la máxima autoridad electoral pese a la oposición de los magistrados. La segunda vuelta de la contienda electoral la ganó el candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla.
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Es por ello que el gobierno estadounidense expresó, a través de su portavoz Matthew Miller, que está “gravemente preocupado por los continuos esfuerzos para socavar la transición pacífica del poder de Guatemala al presidente electo Arévalo”.
“Estamos tomando medidas activamente para imponer restricciones de visa a individuos que continúan socavando la democracia de Guatemala, incluyendo a miembros actuales y anteriores del Congreso, operadores de justicia y cualquier otra persona que participe en tal comportamiento”, indicó Miller.
Asimismo, el portavoz recalcó que el comportamiento de la fiscalía “es antidemocrático, socava las instituciones democráticas de Guatemala y es incompatible con los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
La fiscalía negó que las acciones busquen evitar que Arévalo asuma el mando en enero, pero investiga un supuesto fraude electoral al partido que lo llevó a la presidencia, a los diputados de su movimiento y al mismo presidente electo.
Bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, la entidad allanó en cuatro ocasiones la sede electoral, y revisó los votos emitidos por los ciudadanos. Además, ordenó arrestos y retiro de inmunidad a funcionarios electorales.
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El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también expresó su preocupación por las persistentes medidas de la fiscalía. “La información sobre hostigamiento e intimidación contra funcionarios electorales y personas electas, incluidos el presidente electo y la vicepresidenta electa, es especialmente inquietante”, señaló.
El organismo llamó a las autoridades a respetar el voto, el derecho de manifestación pacífica de la población. Dijo, además, que durante el allanamiento de la víspera la policía utilizó fuerza innecesaria contra los magistrados electorales que intentaron impedir el secuestro de las actas.
Mientras tanto a nivel nacional religiosos, estudiantes, profesionales, empresarios y artistas se han sumado al rechazo de esas acciones. El Tribunal Electoral ha insistido que el proceso se realizó en paz y que los votos fueron contados debidamente y los resultados —con el triunfo de Arévalo— oficializados. Las acciones judiciales, asegura, no pueden cambiar eso.
