Las autoridades colombianas embargaron hoy ocho propiedades en Cartagena, al norte del país, utilizadas para trata de personas, inducción a la prostitución a mujeres colombianas y extranjeras —incluidas varias menores de edad— y para el tráfico y fabricación de drogas, informó la Fiscalía de Colombia.
En un vídeo difundido por la Fiscalía en la red social X, antes conocida como Twitter, la directora especializada en extinción de dominio, Liliana Patricia Donado, detalló que “varias personas instrumentalizaban a mujeres colombianas y extranjeras, algunas menores de edad, para que sostuvieran relaciones sexuales con hombres mayores a cambio de dinero”.
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Según aclaró la funcionaria, obtenían documentos falsos para que las menores se hicieran pasar por mayores de edad y eludieran los controles de las autoridades.
El operativo ejecutado contra una propiedad urbana, dos sociedades y cinco establecimientos de comercio, avaluados en 1.255 millones de pesos colombianos —unos 300 mil dólares— es seguimiento de la desarticulación en el pasado mes de abril de dos organizaciones criminales, también en Cartagena, cuando resultaron detenidas 11 personas de las bandas de Los Caleños y El Amparo.
Patricia Donado indicó que la investigación de la policía judicial colombiana condujo a las ocho propiedades —que ya están bajo custodia del Estado— que “habrían sido utilizados para cometer delitos como trata de personas, tráfico, fabricación y corte de estupefacientes (narcóticos) e inducción a la prostitución”.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, las mujeres eran sometidas a “constreñimiento”, un delito que se refiere a cuando se obliga a hacer, tolerar u omitir una situación a una persona, en este caso, para ejercer la prostitución. Además, eran mantenidas en condiciones “crueles y degradantes”.
En Cartagena, la explotación sexual de menores es una de las principales problemáticas que las autoridades enfrentan en uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano.
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En abril pasado, entidades del Estado capturaron a varios sujetos señalados de ser proxenetas y personas que se encargaban de conseguir a las jóvenes, las cuales eran obligadas a sostener relaciones sexuales con turistas, especialmente extranjeros.
Según el general José Luis Ramírez Hinestroza, director de investigación criminal y de Interpol, otro de los organismos que acompañó el operativo, los ocho inmuebles pertenecían a integrantes de las dos organizaciones criminales desarticuladas en abril.
Estas organizaciones ilegales “captaban mujeres colombianas y de nacionalidad extranjera para explotarlas sexualmente con el fin de obtener resultados económicos” en establecimientos comerciales, dijo Ramírez Hinestroza.
Los inmuebles ocupados por las autoridades y que fueron informados este viernes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un organismo de Estado que administra los bienes que son objeto de investigaciones para determinar el origen con el que fueron adquiridos.
