El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones que había resuelto que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no tenía jurisdicción en el caso de los empresarios Juan Maldonado y Aaron Vick por la fallida compra de pruebas de COVID-19 en medio de la pandemia.
La determinación de Apelaciones donde se indicaba que el FEI no tenía jurisdicción se dio el pasado 28 de febrero del 2023. El caso ahora debe regresar al Tribunal de Primera Instancia.
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“En definitiva, al realizar Un análisis integral de la Ley del PFEI, el propósito social que la inspiró y su jurisprudencia interpretativa, resulta forzoso concluir que los Fiscales Especiales ostentan la autoridad para encausar a los individuos particulares cuya presunta conducta delictiva ha sido descubierta como parte de los hallazgos de la investigación que ha sido debidamente encomendada por el Panel”, lee la decisión emitida por el alto foro judicial.
El juez asociaciado, Martínez Torres emitió una opinión de conformidad a la cual se unieron la jueza asociada, Pabón Charneco, el juez asociado Kolthoff Caraballo y el juez Rivera García. Mientras que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz disintió al igual que el juez asociado Colón Pérez.
¿De qué trata el caso de las pruebas de COVID-19?
El 4 de noviembre del 2021, una jueza del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Juan Maldonado y Aaron Vick.
De igual forma, ambos fueron acusados por intento de fraude e intervención de ilegal de en procesos gubernamentales, entre otros documentos.
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El 11 de mayo del 2020, el representante legal de Apex General Contractors, Juan Maldonado, testificó en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que en el proceso de adquisición del millón de pruebas rápidas de Covid-19 que serían vendidas al gobierno de Puerto Rico estuvieron involucrados al menos otros dos socios que contribuyeron a poner a la empresa de construcción con el distribuidor del producto en Estados Unidos.
Según Maldonado, alrededor del 15 de marzo, cuando en Puerto Rico se declaró una cuarentena obligatoria, dos personas de nombre Manuel Agosto y William Tres se comunicaron por separado con él para orientarse sobre cómo vender al gobierno local productos relacionados con la contención de la epidemia.
El abogado precisó que Agosto es dueño de Macro Health Care, mientras que Tres, a través de una compañía cuyo nombre no precisó, ya vendía productos de protección personal al estado de California.
Maldonado, además, reconoció que desde hace unos ocho años mantiene una relación de amistad con Robert Rodríguez, dueño de Apex.
“En el transcurso de la situación empiezan a consultarme y empezamos a ponderar cómo sería una transacción con el gobierno, toda vez que ninguna de las compañías de los dos clientes (Agosto y Tres) estaban inscritos en el gobierno ni cumplían con los requisitos para hacer negocios con el gobierno”, relató Maldonado ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
Maldonado agregó que, en esos días, vio un mensaje en Twitter en el que Eduardo “Tito” Laureano expresaba su apoyo a que el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador el ‘task force’ médico, fuera nombrado secretario de Salud ante la salida de Rafael Rodríguez Mercado.
“Se me ocurre contactar al amigo ‘Tito’ Laureano para consultarle con quién me puedo comunicar”, agregó Maldonado.
Laureano, un veterano activista del Partido Nuevo Progresista, fue hasta octubre de 2019 contratista en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde Rodríguez Quilichini es rector.
El 22 de marzo Laureano le proveyó a Maldonado el contacto del galeno, por lo que Maldonado procedió a escribirle un mensaje en el que desglosaba los productos que Apex presuntamente podía suplir en medio de la emergencia.
De acuerdo con Maldonado, esa misma tarde Rodríguez Quilichini lo refirió a Mabel Cabeza, a quien describió como la ‘chief of staff’ en el Departamento de Salud, pese a que ya en esos días se encontraba destacada en La Fortaleza como un enlace con el ‘task force’.
El licenciado precisó que Cabeza no le respondió sus mensajes de texto, por lo que al día siguiente volvió a comunicarse con Laureano.
“Le escribo ‘’Tito’, tengo disponibles los ventiladores, los ‘kits’ para las muestras, el medicamento de malaria, para entrega a Puerto Rico. Sin embargo, el contacto que me dio el doctor (Rodríguez Quilichini) no me ha llamado. Cualquier cosa, estamos al pendiente’. ‘Tito’ me pregunta qué contacto me había dado y le digo el de una tal ‘Mabel’ en el Departamento de Salud. Me pregunta Tito si es Mabel Cabeza y le respondo que sí, supuestamente ‘chief of staff’ en Salud. (Le escribí) ‘me daría pena que se pierda la oportunidad y Puerto Rico se quede sin nada porque tú sabes cómo es y tampoco quiero que haga quedar mal a la gobernadora, que hasta ahora está luciendo de show’”, narró Maldonado en referencia al intercambio de mensajes de texto.
En ese momento, Laureano le copió a Maldonado una comunicación de la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, en la que se informa que Cabeza ya no se desempeñaba como jefa de personal en la agencia.
“Tito’ me envía el teléfono del doctor Roberto Rosso y me dice ‘llama a Rosso o escríbele’”, señaló Maldonado, aludiendo al asesor de Quiñones de Longo.
El testimonio contradice las declaraciones públicas de Laureano, quien ha insistido que su participación en el proceso se limitó a suministrarle a Maldonado el contacto de Rodríguez Quilichini.
Al día siguiente, 24 de marzo, Cabeza le respondió a Maldonado que había referido el catálogo de productos a Adil Rosa, quien supervisaba el área de compras en el Departamento de Salud.
Rosa, a su vez, le encargó a la requisidora Mariel Rivera las negociaciones con Maldonado, que derivarían, el 26 de marzo, en la orden de compra a Apex por un millón de pruebas serológicas a un costo de $38 millones.
Maldonado, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo hasta febrero de 2019, sostuvo que nunca se comunicó con la manufacturera australiana Promedical hasta que Rivera le comunicó que se estaba estudiando la posibilidad de instruir al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres a cancelar la orden de compra.
Hasta entonces, dijo Maldonado, la comunicación con la distribuidora 501 Nutrition se había dado mediante contactos de Tres.
