El cantante urbano Ángel Resto Mojica, conocido como K-Drian, figura entre cuatro personas contra quien la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia presentó cargos por presuntamente haber perpetrado una masacre en el municipio de Juncos, en febrero de 2013, relacionada con el control de puntos de drogas en la zona este de la isla.
Según la investigación, mientras salían de una gallera, Cristopher Velázquez Delgado y los hermanos Louis García Rivera y Joshua García Rivera fueron tiroteados por los imputados, Rafael Miranda Tolentino, alias Kikuet; José Ovidio Reyes del Valle, alias Obi; Orlando Rodríguez Mojica, alias Yogui; y Ángel Luis Resto Mojica, también conocido como Juni, quienes pertenecen a una peligrosa organización criminal involucrada en la comisión de asesinatos en las jurisdicciones de Caguas, Fajardo y Humacao, donde enfrentan casos actualmente por delitos similares.
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Los fiscales Alberto Miranda Schmitd y Liza Y. Morales Jusino presentaron 12 cargos de asesinato en primer grado contra el cuarteto.
La jueza Ingrid Caro Cobb, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa para arresto contra todos los imputados y les impuso una fianza global de $1.5 millones. La vista preliminar fue señalada para el 11 de octubre.
Reyes del Valle y Rodríguez Mojica se encuentran cumpliendo sendas sentencias a nivel estatal y federal, respectivamente. Mientras, Miranda Tolentino permanece en prisión preventiva por cargos de asesinato presentados previamente.
A Resto Mojica, exponente de música urbana, se le formularon los cargos en ausencia por haberse evadido hoy tras removerse un grillete electrónico. Este se encontraba bajo supervisión electrónica luego de haber sido excarcelado mediante un recurso de habeas corpus, mientras enfrenta dos juicios separados por delitos de asesinato en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Uno de estos procesos judiciales comienza el 19 de octubre por jurado.
“Contra Resto Mojica ahora existe una orden de arresto y el juicio que inició continuará su curso. Además, podría enfrentar cargos adicionales por haberse removido el grillete”, puntualizó la directora de la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas, Leilany Vargas de la Paz.
“Los casos de crimen organizado son de litigación compleja. Además, por lo general involucran a varios acusados que son representados por diferentes abogados, quienes levantan distintas controversias jurídicas simultáneamente. Aunque la Fiscalía comparece preparada y cuenta con la prueba requerida, el procesamiento de estos casos suele tomar tiempo. La Constitución de Puerto Rico establece que la detención preventiva de un individuo antes del juicio no excederá de seis meses. Si dicho término transcurre, el acusado puede enfrentar el proceso criminal fuera de prisión. Por lo general, se mantiene al acusado bajo vigilancia y con medidas de restricción durante el procesamiento. Una vez resulta convicto es ingresado nuevamente a prisión para cumplir su condena”, explicó Vargas de la Paz.
