La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes celebró una vista pública sobre el P de la C 1818, con el propósito de autorizar a las organizaciones bona fide de servidores públicos que representan empleados públicos activos del Gobierno de Puerto Rico.
En su turno inicial, la presidenta de la Comisión y autora de la medida, Sol Higgins Cuadrado, sostuvo la importancia de la participación de las organizaciones bona fide en las negociaciones de los planes de seguros de servicios de salud.
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“Es importante que las organizaciones bona fide que representan y prestan servicios, tanto a los empleados públicos activos como a los de la empresa privada, puedan negociar a nombre de estos, todo lo concerniente a beneficios de salud y contratación de un plan médico para beneficio de nuestra gente”, dijo la legisladora del Distrito 35 (Las Piedras, Humacao y Naguabo).
Cabe destacar que las organizaciones bona fide han sido por décadas el foro por excelencia para agrupar a miles de profesionales, tanto del sector público como privado.
A la vista pública compareció la licenciada, Omara Arias, del Departamento de Seguridad Pública (DSP), quien recomendó que se realice un análisis sobre el impacto que acarrea dar paso a la pieza legislativa en discusión.
“Se debería considerar qué efecto tendrían las organizaciones bona fide, dado a que estarían equiparando su capacidad de negociación a la de los distintos sindicatos”, planteó la asesora legal del DSP.
Por su parte, la comisionada auxiliar de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Brenda Pérez Fernández, recomendó que se especifique en la medida los criterios definidos por el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico (CSSPR) qué deben cumplir las organizaciones bona fide para ser reconocidas como tales y poder negociar con los aseguradores privados que ofrecen este tipo de cobertura.
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De esta manera, la funcionaria indicó que todo asegurado privado que suscriba planes médicos para los miembros de una asociación bona fide, deben cumplir con el CSSPR.
“Nuestras sugerencias garantizan a los miembros de organizaciones o asociaciones bona fide de empleados activos del Gobierno de Puerto Rico la alternativa de obtener planes médicos negociados que se ajusten a sus necesidades de salud”, señaló Pérez Fernández.
En tanto, el presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP), Ismael Rivera Román, resaltó que gran parte de los miembros de la organización no cuenta con planes de salud.
“Nuestros miembros tienen que enfrentarse a las aseguradoras solos como individuos para contratar servicios a costos muy elevados”, expresó Rivera Román.
El director del SPP destacó que con la aprobación de este proyecto de ley, miles de empleados públicos que pertenecen a organizaciones bona fide podrían beneficiarse de un plan de salud.
En tanto, Rivera Román puntualizó que el proceso de selección de planes médicos dentro del SPP no existe, resaltando que a los líderes de las organizaciones no se le han hecho parte de la negociación ni la elección de cubiertas médicas.
“Actualmente, no tenemos un proceso. La ley como está no nos permite a nosotros poder estar en este tipo de dinámica de negociación para cubiertas médicas para nuestros socios”, agregó Rivera Román.
