Mientras el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico sigue a un paso relativamente lento, un aumento en la factura mensual producto del eventual acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanece en el horizonte.
En su informe “Actualización sobre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, Sergio M. Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía, examina la situación en que se encuentran los trabajos en los que convergen los consorcios LUMA y Genera así como el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
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Marxuach destaca que la AEE ha estado en negociaciones con sus acreedores desde julio de 2017 y hasta la fecha no se ha logrado un plan de ajuste certificado por el tribunal de las obligaciones de la corporación pública.
“Actualmente, la AEE debe alrededor de $9,000 millones en bonos pendientes, tiene un pasivo de pensiones no financiado de $3,800 millones y debe $700 millones adicionales a los prestamistas de la línea de combustible y varios millones más a acreedores no garantizados”, destaca el informe.
La Junta de Supervisión Fiscal estima que el acuerdo con los bonistas y otros acreedores (sin contar los jubilados) supondría un aumento medio del 5% en la factura mensual de electricidad, advierte el economista. “Este estimado aumentará sin duda, dependiendo del acuerdo sobre las pensiones”, sostiene Marxuach al tiempo que menciona que un “grupo relativamente grande de bonistas” ha anunciado su oposición al plan propuesto y es probable que acaben presentando un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos. Mientras tanto, la jueza del caso de Título III ha anunciado marzo de 2024 como fecha límite para certificar el plan de ajuste de la AEE.
De otra parte, el informe plantea que, aunque el gobierno tiene grandes esperanzas de generar ahorros mediante el aumento de la eficiencia del sistema y la renegociación de los contratos de combustible, será la decomisación de la antigua flota de generación de combustible fósil de la AEE lo que generará esos ahorros.
Sin embargo, se advierte que esos ahorros no se lograrán en un corto plazo debido a que la generación de combustible fósil puede ser decomisada sólo cuando haya suficiente capacidad renovable nueva para reemplazarla y ese proceso ha tomado más tiempo de lo esperado y Genera, como subsidiaria de una compañía de gas natural, puede tener un incentivo para prolongar la vida de la flota de generación existente (bajo el pretexto de que no hay suficiente generación renovable disponible) y comprarle el gas natural requerido a su compañía matriz.
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Igualmente, Marxuach establece que los objetivos intermedios fijos en el Plan Integrado de Recursos, que establece el calendario y la secuencia para alcanzar el objetivo de generación 100% renovable para 2050, no se han cumplido.
En esa línea, el informe destaca lo que califica como una transición lenta hacia el uso de energía solar. “Con respecto a las instalaciones solares en los techos, LUMA afirma haber conectado a más de 50,000 clientes, que representan 300 MW de capacidad de generación. El Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que, para junio de 2023, había un total de 85,661 interconexiones solares de techo en Puerto Rico. Si bien estas estadísticas muestran cierto progreso en la interconexión de sistemas solares sobre techos, también ponen de relieve la lentitud de la transición, ya que la AEE tiene más de 1,000,000 de clientes”, lee el informe.
Fondos obligados Vs. aprobados
El informe de Marxuach menciona que, según el Plan Fiscal, “al 2 de junio de 2023, la AEE ha recibido más de $15,000 millones de fondos federales en total. Aproximadamente $12,000 millones de fondos de FEMA están obligados para trabajos permanentes y se ha recibido la aprobación para proyectos que ascienden a aproximadamente $2,300 millones”.
“En términos de fondos para la reconstrucción de la red, sólo el 19% de los fondos de FEMA ha sido “aprobado” para ser gastado”, añade el escrito.
El director de Política Pública del CNE entiende que varios factores explican la lentitud que ha caracterizado el proceso de reconstrucción de la red eléctrica. Entre ellos menciona la multiplicidad de planes de modernización que incluyen el plan de la AEE y el desarrollado por el Departamento de Energía de EE.UU. “No nos queda claro cómo cada uno de estos planes se relaciona con el otro ni cuál tiene precedencia en caso de conflictos entre ellos”, sostiene el economista.
También menciona que tanto la AEE como FEMA han acordado construir una “importante” capacidad de generación nueva basada en gas natural en la antigua central de Palo Seco. “Esta inversión de aproximadamente $900 millones ha sido cuestionada por los ambientalistas como innecesaria y quizás hasta ilegal dado el requisito estatutario de alcanzar una generación 100% renovable para 2050 en Puerto Rico. Los defensores, por otro lado, argumentan que esta nueva capacidad de generación con combustible fósil es necesaria para estabilizar el sistema y crear un ‘puente’ hacia la generación renovable en toda la isla. Es importante abordar este asunto político lo antes posible para evitar más retrasos”.
Además, Marxuach destacó el choque de visiones entre los defensores de la generación renovable distribuida y los que favorecen las instalaciones centralizadas de generación solar a gran escala.
Destacó que los defensores de los sistemas solares en techos argumentan que hay suficientes techos en Puerto Rico para instalar suficiente capacidad como para hacer innecesaria la construcción de instalaciones solares a gran escala en Puerto Rico mientras que los defensores de las instalaciones solares a gran escala argumentan que un sistema basado únicamente en techos sería inestable dada la demanda energética de Puerto Rico, tarda demasiado tiempo en llegar a una escala económica y no tiene en cuenta las necesidades de las personas que viven en unidades multifamiliares, los clientes comerciales y las operaciones industriales y manufactureras. El DOE, en un informe provisional, concluyó que Puerto Rico necesita ambos tipos de sistemas.
“Este debate es más que un mero desacuerdo sobre política pública porque la decisión política influirá en el diseño de la nueva red. Si el gobierno de Puerto Rico decide depender mayormente de sistemas solares distribuidos en los techos, la red tendrá que diseñarse de una manera; mientras que si decide depender mayormente de la generación solar centralizada a escala la red tendrá que diseñarse de otra manera. Parece que el DOE ha llegado a la conclusión de que la nueva red puede diseñarse para dar cabida tanto a la generación solar distribuida en los techos, que es buena para las comunidades aisladas y de difícil acceso, como a la generación a gran escala, que puede proporcionar cargas base estables al sistema. Por desgracia, el informe final del DOE sobre el diseño de la red no estará listo hasta diciembre de este año. Por tanto, parece poco probable que este desacuerdo político se resuelva antes de esa fecha”, concluye Marxuach.
