Gremios que representan a los profesionales de la consejería en rehabilitación solicitaron hoy a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que apruebe una medida para ubicarlos en la escala 12 del Plan de Clasificación de Puestos del Gobierno Central.
La presidenta del Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación (CPCR), Dalila Luyanda, informó durante una vista pública que el consejero en rehabilitación fue situado en el grado salarial 4 de dicho plan, lo que se traduce en una estructura salarial mínima de $24,600 anuales o $2,050 mensuales.
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Para la organización, la ubicación de estos profesionales que requieren grado de maestría, reválida y colegiación en una clasificación 4 no cumple con los propósitos del Plan de Clasificación, ya que puestos con obligaciones similares, como el de consejero ocupacional, están situados en la escala 12 con un salario inicial de $44,300 anuales.
“El consejero en rehabilitación es el profesional mejor cualificado por ley para proveer servicios a las personas con diversidad funcional en la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV)”, señaló Luyanda.
“Solicitamos que se endose a la brevedad la Resolución Conjunta de la Cámara 531, que busca proveer justicia a la clase profesional de la consejería en rehabilitación y a la población que recibe los servicios de la ARV”, reclamó.
Según la coordinadora del Comité Multisectorial de Identidad Profesional y Política Pública de Consejería en Rehabilitación, Maribel Báez, en Puerto Rico existen 523 consejeros en rehabilitación colegiados que “ejercen la profesión legalmente”.
Sin embargo, hay otras agencias que emplean a consejeros en rehabilitación, como la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otras.
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Una encuesta realizada por el Comité a 185 colegiados reflejó que en la isla los rangos de sueldo fluctúan entre $21,600 y $154,000 anuales.
Luyanda destacó que, en el 2021, la ARV reportó 45 plazas vacantes de consejeros en rehabilitación a nivel isla para proveer los servicios de la agencia. Al presente, la Autoridad Nominadora ha expresado que la agencia cuenta con 35 vacantes, lo que ha resultado en una carga de trabajo mayor para estos trabajadores.
Varios consejeros en rehabilitación que comparecieron a la audiencia pública aseguraron que atienden alrededor de 400 casos anuales en la prestación de servicios a la población de diversidad funcional.
“Esta clasificación demuestra un trato desigual y discriminatorio frente a otras ocupaciones reconocidas como profesiones especializadas de la salud, salud mental, conducta y rehabilitación”, puntualizó la presidenta del CPCR.
Tanto Luyanda como Báez reclamaron que estos profesionales deben ser considerados de manera urgente ya que están enfrentando problemas de reclutamiento y retención.
“El tema salarial, como pasa en otras profesiones, es uno de los obstáculos mayores para el reclutamiento. Tienes 400 casos por cada uno (consejero en rehabilitación), versus si tienes 200 y pico en otras jurisdicciones, y además a eso tienes un salario más bajo. Por supuesto que eso es un problema”, expresó el representante Jesús Manuel Ortiz, presidente de la Comisión.
Posición de la OATRH
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) explicó que la agencia le recomendó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la reasignación a escala 6 o 7 de los consejeros en rehabilitación para que sean incluidos en clases de alta demanda o “hot jobs”.
El pasado 14 de julio el ente fiscal realizó una reunión junto con la OATRH y la ARV para discutir las nuevas reasignaciones de escalas e indicaron que realizarán una evaluación sobre este asunto. El subdirector de la OATRH, Gustavo Cartagena, dijo que aún no cuentan con información adicional sobre este análisis.
Cartagena puntualizó que la OATRH, en su posición institucional, concurre en que los puestos de consejeros en rehabilitación deben ser situados, inclusive, en una escala mayor a 6 o 7. No obstante, mencionó que elevarla a un nivel 12 está sujeto a la determinación de la JSF.
“Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque también hay que tomar en consideración las líneas de ascenso y las demás escalas. Nosotros nos reunimos, apelamos a la Junta y le hicimos estos mismos planteamientos para ver qué es lo más justo para esta profesión”, precisó Cartagena.
