La secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche explicó en vista pública de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia que preside la senadora Joanne Rodríguez Veve, que uno de los factores de riesgo que más vulnerabiliza a la población infanto-juvenil con respecto a la trata humana es la pobreza.
En el 2019 se reportó que el 43.5% de la población general y el 57% de población infanto-juvenil viven en situaciones de pobreza; mientras, el 12% de adolescentes no asisten a la escuela ni trabajan en Puerto Rico. Según esos datos, Puerto Rico se posiciona como la jurisdicción de Estados Unidos con mayor desigualdad social y económica entre la población infanto-juvenil.
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Según el National Human Trafficking Hotline, de los casos reportados al 2016, el 50% eran adultos y el 36.36% eran menores de edad.
Ese mismo año, en Puerto Rico se registraron un total de 4,783 víctimas de maltrato en la población infanto-juvenil.
Según las estadísticas del propio Departamento de la Familia, en el 2021 recibieron 14 referidos de alegados casos de trata humana, de los cuales cinco fueron fundamentados, cuatro sin fundamentos y cinco bajo investigación. En el 2022, recibieron seis de los cuales dos están fundamentados, tres sin fundamentos y dos bajo investigación. Durante este año, la agencia ha recibido siete referidos de trata humana.
En Puerto Rico, desde la inclusión de la definición de trata de personas en el Codigo Penal en 2012 y en la ley Num. 246-2011 en 2014, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, se han registrado un total de 39 situaciones de trata humana y 28 incidencias de individuos en situaciones de riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas.
“A pesar de que el marco jurídico de Puerto Rico incluye la trata humana hace más de 11 años, la cantidad de casos reportados es baja”, lee la ponencia del DF.
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Rodríguez Troche, comentó que favorece el Proyecto del Senado 1237 que propone la creación de un Observatorio de Trata Humana en Puerto Rico, pero sugirió enmiendas como el establecer un fondo entre $300,000 a $500,000 anuales. El proyecto, según se plantea en la ponencia, contempla un fondo combinado de fondos estatales y federales, pero no estipula la cantidad.
A preguntas de la senadora, el DF puntualizó que desde el 2015 tienen el protocolo sobre el plan de prevención, y en el 2021 fue modificado para incluir cómo iban a trabajar con los casos de trata humana.
“Yo creo que todavía debemos ser más agresivos trayendo el tema a la luz pública. Yo vivo bien preocupada cada vez que me dicen que tenemos niños corriendo puntos de drogas. Hablamos de la explotación sexual, y se nos olvida la explotación laboral que es parte de la trata humana”, planteó la secretaria interina de la agencia.
Por su parte, La administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, explicó que según las directrices del departamento, una vez que reciben información sobre posibles incidentes de trata de personas, el propio centro de atención telefónica presenta un informe oficial a la fuerza policial. En consecuencia, la institución de asuntos familiares ha presentado 27 informes formales desde el año 2021 hasta la fecha actual.
Sin embargo, la senadora hizo hincapié en que la Policía informó a la comisión que han abordado ocho casos en los últimos cinco años, mientras que la agencia de asuntos familiares sostiene que, según sus registros, han referido 27 casos en los últimos dos años. Por lo tanto, existe una discrepancia en las cifras y las estadísticas no son precisas.
“En su ponencia, incluyeron que, según datos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 29 por ciento de los jóvenes en instituciones correccionales fueron víctimas de trata humana previo a su ingreso, pues fueron obligados a llevar dinero a su casa, vender drogas o emplear la violencia. Esto confirma que las estadísticas siguen siendo bajas”, resaltó Rodríguez Veve.
Por su parte, Orlando José Morales Martínez, Gerente General de la Ricky Martin Foundation resaltó que, anualmente, la trata humana genera, aproximadamente, $150 mil millones.
“Este proyecto cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia, con el que mantenemos lazos de colaboración directa en la lucha contra la trata humana. Es crucial enfatizar que la colaboración entre el sector de organizaciones sin fines de lucro y el Gobierno es esencial para abordar eficazmente este crimen”, destacó Morales Martínez.
