La Asociación de Empleados Judiciales denunció hoy, miércoles, ante la Legislatura que el Plan de Retribución recientemente puesto en vigor no reconoce los pasos por años de servicio de estos empleados públicos.
El presidente de la organización, Amircal Gerena Román, solicitó, durante una vista pública de la Subcomisión Especial de la Comisión de lo Jurídico, atender las condiciones laborales y salariales de los empleados del poder judicial, de forma que se asegure el reconocimiento de los derechos adquiridos.
PUBLICIDAD
“Lamentablemente, este plan no cumplió las expectativas ya que no reconoció el principio de mérito, según la Ley de Personal para la Rama Judicial, y pasó por alto por completo los derechos adquiridos de todos los empleados al no reconocer los pasos por años de servicio”, expresó Gerena Román.
El poder judicial, a través de su jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el director de los tribunales Anunciaron Sigfrido Steidel Figueroa, anunció la implementación de un Plan de Retribución para los empleados judiciales, aprobado este año por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El plan entró en vigor a partir del 1 de julio.
Al tratarse de una revisión por la JSF, para asegurar consistencia con la Reforma del Servicio Público, el ajuste salarial que reciba una persona dependerá de la escala donde esté ubicada su clase de puesto y del sueldo que devengue al momento del ajuste. Todos los salarios estarán ajustados a uno de los tipos de la escala correspondiente a su clase de puesto, tomando como base el salario actual de la persona, según la página web del Poder Judicial.
Según la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, en el caso de los servidores públicos de la Rama Judicial, los empleados participan del Programa de Beneficios y Mejoramiento del Capital Humano, el cual provee educación continua, programas de deportes, plan médico y bonificaciones. Entre esos beneficios, se encuentran los pasos por años de servicio, a fin de promover que el empleado se mantenga en el servicio público y reconocer su compromiso en la permanencia de una posición que de ordinario sería mucho más remunerada en la empresa privada.
“Históricamente, los planes de clasificación reconocen los años de experiencia, la antigüedad, como parte de la compensación económica. No es lo mismo alguien que está ejerciendo por primera vez unas funciones, y alguien que lleva 10 o 15 años realizando las funciones”, explicó el representante Denis Márquez Lebrón.
PUBLICIDAD
El presidente de la asociación sostuvo que no se siguió el debido proceso para llevar a cabo un plan de retribución. “La jueza presidenta debe designar un grupo, que incluye funcionarios, empleados y el personal que ella delegue para llevar a cabo un plan de retribución directo y clasificación. Ese proceso prácticamente se obvió por completo. Este plan se le designó a la Escuela de Administración Pública para que, en un periodo muy corto, pudiera desarrollar un plan que iba a impactar de una manera positiva o negativa a los empleados”, indicó.
Sin embargo, Gerena Román aseveró que en ningún momento durante ese proceso se consultaron a los empleados. “No sabemos cuál fue la metodología que se utilizó para implementar este plan, por lo cual nosotros reclamamos y solicitamos la intervención [...] de la legislatura para que indague sobre cómo fue que se realizó”, continuó.
Asimismo, el también alguacil aseguró que este plan ha impactado negativamente la salud mental de los empleados. “Compañeros recibieron una correspondencia [de parte de la administración] de que iban a recibir solamente $1 de aumento - compañeros que llevan 25, 30, 40 años trabajando en el Sistema Judicial. Prácticamente yo creo que fue más el daño psicológico y emocional que causó sobre las expectativas que tenían del mismo”.
La asociación le afirmó, a los legisladores, “que el dinero está”. El presupuesto aprobado incluye $26.6 millones destinados para aumentos de los empleados de la Rama Judicial y jueces, del cual solamente se utilizaron $18.5 millones - dejando un sobrante de $8.1 millones, según Gerena Román.
Además, el alguacil indicó que, en la carta de notificación, no se les informó a los empleados sobre un derecho a apelación.
Por último, la organización comunicó que están en proceso de realizar un análisis porcentual de las escalas y los aumentos salariales. No obstante, “el reto que la asociación ha tenido es que esto ha sido información que se ha tenido que alimentar manual porque, hasta el momento, no hemos tenido acceso a la información que se le dio a la Junta de Supervisión Fiscal, no ha habido transparencia en ese sentido, y no necesariamente es una data que sale del sistema de la OAT. Ha sido data que voluntariamente una población, de entre 770 a 840 empleados, ha provisto”, explicó el licenciado Wilfredo Rodríguez.
