La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, reiteró esta tarde las expresiones que realizó en entrevista con Metro al Mediodía sobre que el Departamento de Justicia no está procesando casos de trata humana tras firmar un Memorando de Entendimiento (MOU) con el Departamento de Justicia Federal para que el ente tuviera “jurisdicción exclusiva y primaria sobre este tema”.
Rodríguez Veve manifestó que el memorial explicativo que la agencia estatal sometió ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, presidida por la propia senadora, puntualiza que existe un MOU entre Justicia, el Departamento de Seguridad Pública (DPS), el Instituto de Ciencias Forences (ICF) y el Departamento de Justicia Federal para que los delitos relacionados con la trata humana en Puerto Rico sean “de jurisdicción primaria del gobierno federal”.
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La senadora explicó en entrevista digital con Metro que hoy, en el inicio de vistas públicas del Proyecto del Senado 137, que tiene como finalidad crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico, buscaría entender bien “qué es lo que establece este memorando de entendimiento y cuál es el rol actualmente del Departamento de Justicia de Puerto Rico, hasta dónde llega su competencia y, finalmente, qué es lo que ellos pueden hacer para ser más efectivos en el combate de la trata (de personas) en el país”.
La agencia estatal reaccionó hoy a estas expresiones alegando que existe jurisdicción estatal y federal concurrente y citó a la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutierrez, quien participó de una vista pública para evaluar la medida.
“El Departamento de Justicia de Puerto Rico trabaja en colaboración con las autoridades federales. El MOU nos permite reforzar el procesamiento de estos delitos con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene un brazo más largo para procesarlos a través de las fronteras de varias jurisdicciones. Además, mediante esta coordinación efectiva se evita la doble exposición, según la norma actualizada bajo Pueblo v. Sánchez Valle”, dijo Hernández Gutiérrez durante la vista de evaluación en el Senado.
Además, Justicia puntualizó que, incluso, fiscalía estatal se encuentra litigando un caso de trata de personas en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guayama.
“Es de conocimiento público que el Departamento de Justicia de Puerto Rico atiende un mayor volumen de casos, ya que el gobierno federal es de poderes limitados, por lo que la mayoría de los delitos en la Isla son procesados a nivel estatal. Contar con la colaboración de agentes y fiscales federales especializados en trata humana es de beneficio para la Isla”, explicó Hernández Gutiérrez.
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Asimismo, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, aseveró que realizó las siguientes recomendaciones a la comisión senatorial: que el Observatorio sea administrado por la Comisión de Derechos Civiles, que se establezca un sistema de monitoreo de las publicaciones que emite el gobierno federal sobre el tema y que que colaboren constantemente con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que proveen servicios a poblaciones vulnerables y tienen contacto directo con las comunidades afectadas
El proyecto, que es de la autoría de las senadoras Rodríguez Veve, Marially González Huertas y Ada García Montes y los senadores, José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera y José Vargas Vidot, tiene como “propósito primario recopilar las estadísticas e información generada por los distintos componentes del Estado Libre Asociado Puerto Rico que están relacionados a la lucha contra la trata humana en el país, así como fomentar la toma de decisiones de manera informada, permitiendo el diseño de políticas públicas basadas en evidencia sobre la condición real de los factores de riesgo que facilitan la trata humana en la Isla”, según reza la medida.
