El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) autorizó este jueves la remoción de los pilotes de la verja y piscina construidas ilegalmente en el condominio Sol y Playa en Rincón.
Según se desprende del documento, se autoriza realizar las obras de demolición y remoción de la estructura. Además, se indicó que ”el proceso de remoción de los pilotes se requiere remover y almacenar en sitio adyacente, sin afectar área de anidaje de tortugas marinas”.
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“El material producto de la demolición (acero, hormigón y demás escombros) serán transportados en camiones a las facilidades de reciclaje y/o vertederos, según aprobados por el Plan de Reciclaje. Todo material de escombro resultante de los trabajos de demolición y remoción se retirarán de los bienes de dominio público marítimo terrestre al final del día. Se implementarán las medidas de manejo y almacenaje de los escombros de forma adecuada, medidas de control de contaminantes, sedimentación, polvo fugitivo, lavado de llantas, etc., según establecido en el Plan de Reciclaje aprobado por el DRNA, por la compañía experta contratada por el peticionario”, lee el documento.
La semana pasada, el juez Abid Eriel Quiñones Portalatín citó ayer, viernes, al Consejo de Titulares del condominio Sol y Playa y a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruíz, para discutir la moción radicada por la Junta de Planificación donde solicitan penalidades hasta que inicien las obras de demolición de las estructuras construidas ilegalmente en la playa Los Almendros, en Rincón.
Ambas partes debían presentarse en la Sala 503 del Centro Judicial de Aguadilla el miércoles, 30 de agosto de 2023, a las 2:00 p.m.
Igualmente, el Tribunal citó a la División de Ley de Condominios de DACO, entidad encargada de establecer un régimen jurídico en condominios sin Junta de Directores.
Quiñones Portalatín ordenó la semana pasada el encarcelamiento de María Isabel Negrón García, presidenta de la Junta de Titulares de Sol y Playa, por no cumplir con una sentencia que exige demoliciones en el área recreativa en la playa. Sin embargo, esta no fue llevada a prisión luego de que su representación legal realizara una solicitud de “habeas corpus”.
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A principios de este mes, se reportó que la demolición de la construcción de un área recreativa de la playa no se ha podido llevar a cabo debido a falta de pago por parte de los dueños del edificio residencial necesaria para obtener los permisos por parte del estado.
Así se desprende de un documento judicial donde el ingeniero Pedro A. García Rivera, quien fue contratado para la demolición del área, compareció al Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, para notificar que presentó la solicitud de permiso. No obstante, indica que aunque han cumplido con las obligaciones que se les exige para proceder con las labores, no han podido debido a incumplimiento de pago por parte de los dueños.
“Conforme a la encomienda profesional contratada con el ingeniero Pedro A. García Rivera se obtuvo la aprobación del permiso de construcción el día 21 de julio del 2023. Como parte de los requerimientos de dicho permiso debe procederse con el pago correspondiente ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el pago de los arbitrios municipales. Estos pagos corresponden directamente al dueño de la obra Condominio Sol y Playa”, lee la moción informativa presentada por el ingeniero.
Del mismo modo, García Rivera asegura que: “hemos cumplido con los requerimientos que están dentro de nuestra gestión profesional. Está en manos del dueño cumplir con los restantes”.
En un documento anterior, publicado por el ingeniero Pedro A. Cardona Roig conocido como ‘El Urbanista’ en las redes sociales se reportó la renuncia de la licenciada Amy Ruiz Goyco como representante legal del Condominio Sol y Playa debido a una moción presentada por la Junta de Directores del condominio y alega que la misma no fue coordinada.
El 14 de febrero de 2022, el Tribunal emitió una Sentencia Final en la que declaró nulo el Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2020-344034-PCOC-010814, decretó la paralización de las obras de construcción comenzadas en la propiedad y ordenó al consejo de titulares demoler cualquier obra de construcción realizada bajo el referido permiso, así como los escombros generados para devolverla a su estado natural. El tribunal concedió para ello un término de 120 días, que venció el 1 de marzo de 2023.
