Un grupo de congresistas envió una carta al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) instándolo a cancelar su contrato y planes para dragar la Bahía de San Juan para acomodar buques más grandes de transporte de gas natural licuado (GNL) y derivados de petróleo.
Los legisladores propusieron que el USACE complete una declaración de impacto ambiental (EIS) para considerar el impacto a largo plazo de esta inversión federal en diésel y GNL.
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“El proyecto plantea amenazas directas significativas para las comunidades sobrecargadas desproporcionadamente afectadas por la crisis climática, los ecosistemas marinos críticos, la pesca, el turismo y prolonga la dependencia del pueblo de Puerto Rico de las importaciones de combustibles fósiles”, dijeron los congresistas, entre los que se encuentran Raúl M. Grijalva (D-Ariz.), Nydia Velázquez (D-N.Y.) y Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.).
En su carta, los legisladores sostienen que el contrato del Canal Terminal del Ejército socava los compromisos de la administración Biden de buscar la justicia ambiental. “Las comunidades de primera línea de Guaynabo y Cataño, ya sobrecargadas por la contaminación y la injusticia ambiental, sufrirán las consecuencias adversas del proyecto propuesto. La contaminación de las importaciones de combustibles fósiles y el tráfico de embarcaciones plantea graves riesgos para la salud, lo que exacerba los problemas respiratorios entre los residentes. Las comunidades vecinas al muelle petrolero y la terminal de GNL estarán expuestas a la contaminación del aire proveniente de las refinerías y centrales eléctricas de los alrededores. Debido a que el período de comentarios públicos de USACE coincidió con el huracán María, las comunidades más afectadas no pudieron participar adecuadamente”, aseguran.
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Además, los legisladores subrayan cómo el contrato de dragado podría ser perjudicial para las metas de energía renovable de Puerto Rico. “El proyecto parece socavar el compromiso de Puerto Rico de hacer la transición al 100 por ciento de energía renovable para 2050 y al 40 por ciento para 2025. El proyecto podría prolongar La dependencia de Puerto Rico de las importaciones de combustibles fósiles facilitando buques cisterna de GNL y petróleo más grandes, lo que impide el cambio a fuentes de energía renovable y una red resiliente”.
Citando estos impactos negativos en el pueblo de Puerto Rico, además de los impactos perjudiciales en los ecosistemas y la economía de Puerto Rico, los legisladores instaron al USACE a reconsiderar el proyecto, para ser consistente con las metas de justicia ambiental y climática de la administración Biden y Puerto Rico.
