El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, junto al presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, tienen previsto apelar ante el pleno del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston, en un esfuerzo por revertir la reciente decisión que dejó sin efecto la Ley 41-2022. La anulación de la Ley 41-2022 fue emitida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En paralelo, durante la sesión legislativa de mañana, se llevará a cabo la aprobación del proyecto de la Cámara 1651, una nueva propuesta que reúne las disposiciones esenciales de la Ley 41-2022. Sin embargo, esta vez, el proyecto estará acompañado de un informe de impacto fiscal elaborado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), en conformidad con las disposiciones de la Ley Promesa.
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El presidente Hernández Montañez expresó que, “La protección de los derechos de los trabajadores de la empresa privada seguirá siendo una prioridad durante la sexta sesión ordinaria. Como el país conoce, la Cámara de Representantes ha liderado una ofensiva sin precedentes a nivel legislativo, administrativo y judicial para alcanzar este objetivo que incluyó la aprobación de la Ley 41-2022 para devolverle los derechos a los trabajadores del sector privado, y su férrea defensa en los tribunales cuando la JSF reclamó que se declarara nula, basado en una visión filosófica que claramente excede la autoridad concedida por el Congreso de los Estados Unidos.”
El representante Torres García detalló los puntos clave del nuevo proyecto. “La medida restituye los quince días de vacaciones a los empleados de la empresa privada, otorga protecciones de licencia por vacaciones a los empleados a jornada parcial, y reduce las horas necesarias para calificar para el bono de navidad. Además, revierte al empleador la carga de la prueba en casos de despido injustificado con el propósito de eludir que los trabajadores se vean sometidos al proceso de pruebas para demostrar que el empleador infringió la ley”, expresó.
La base empírica de las objeciones económicas planteadas por la JSF para rechazar estas enmiendas fue desafiada en el Informe 2024-005 de agosto de 2023 elaborado por la OPAL, que afirmó que los argumentos se apoyaban en fundamentos deficientes.
La apelación ante el Primer Circuito de Apelaciones está fundamentada en tres argumentos principales presentados por el cuerpo legislativo:
- La resolución extiende sin fundamentos la autoridad y facultades de la JSF, lo cual socava el derecho esencial a un gobierno autónomo, a pesar de que la Ley Promesa limita el rol de esta entidad a primordialmente asegurar el cumplimiento del Plan Fiscal certificado.
- Ofrece una interpretación excesivamente amplia de la Sección 204(a) que concede a la JSF la capacidad de cuestionar anticipadamente la promulgación de leyes, basándose en suposiciones y una visión filosófica sobre la función gubernamental, sin contar con datos económicos que respalden la inconsistencia con el Plan Fiscal certificado.
- La concentración en la jueza Laura Taylor Swain para actuar como juez exclusivo en casos en los que participe la JSF (“judge-shopping”), incluso cuando no existe conexión con la bancarrota de las finanzas públicas del gobierno de Puerto Rico, crea una percepción peligrosa de parcialidad que perjudica la operación del sistema de justicia.
En caso de que esta apelación no sea exitosa, los líderes legislativos han manifestado su disposición a llevar el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
