Con la presencia de sus principales candidatos, los Partidos Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) expusieron —mediante sus representantes legales— ante un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones la necesidad de que no se violenten sus derechos mediante la prohibición de las candidaturas coaligadas.
Mientras que el Procurador General de Puerto Rico, Fernando Figueroa, en representación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y abogados del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como del Partido Popular Democrático (PPD) expusieron ante los jueces argumentaciones en contra del reclamo del PIP y MVC.
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El panel de jueces que atendió la vista estuvo integrado por Abelardo Bermúdez Torres, Giselle Romero García y José Monge Gómez.
El abogado del MVC, Jorge Farinacci argumentó sobre cómo la prohibición categórica de las candidaturas coaligadas impactaba la libertad de asociación. Mientras que el abogado del PIP, Carlos Gorrín Peralta atendió preguntas del panel de jueces sobre si habría ventaja para candidatos que aparecieran en más de una columna en la papeleta.
Los abogados del PNP también plantearon que el caso no debe ser evaluado por el tribunal y que es un asunto estrictamente de la legislatura y que sería una “ventaja indebida” para los candidatos coaligados.
Hubo discusión sobre la justiciabilidad de la controversia y si se trataba de un caso maduro para ser atendido en los tribunales. La vista duró cerca de tres horas.
Por su parte, en entrevista con el programa televisivo Jugando Pelota Dura (TeleOnce), el secretario general del PIP, Juan Dalmau, que el planteamiento del PNP sobre que el caso es exclusivo de la legislatura es erróneo
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“Aunque el tribunal no adelantó criterio, uno podría notar por las reacciones que ese es un planteamiento que no tiene fundamentos, por supuesto que los tribunales pueden evaluar acciones de la legislatura si son acciones inconstitucionales y que menoscaben derechos”, expresó Dalmau.
El excandidato a la gobernación tampoco descartó que el caso se lleve ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El caso fue llevado ante el Tribunal de Apelaciones por la parte demandante que está compuesta por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tras la desestimación de la demanda en el Tribunal de San Juan.
