QUITO (AP) — La transformación de Ecuador en un importante eje para el tráfico de drogas y el consiguiente aumento de la violencia desde hace tres años pesa sobre la nación luego del asesinato de un candidato presidencial que había luchado durante toda su vida contra la delincuencia y la corrupción.
Seis colombianos fueron detenidos el jueves en relación con el asesinato de Fernando Villavicencio en la víspera en la capital, Quito. No era uno de los favoritos, pero su asesinato a plena luz del día y a menos de dos semanas de unas elecciones presidenciales extraordinarias subrayó la escala del desafío que enfrentará el próximo líder de Ecuador en cualquier intento de frenar a las bandas y cárteles cuya actividad se ha cobrado miles de vidas.
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El informe de la detención revisado por The Associated Press mostró que los hombres fueron capturados cuando se escondían en una casa en Quito. Las fuerzas de seguridad, de acuerdo con el reporte, incautaron además cuatro pistolas, un rifle del calibre 5.56 mm, munición y tres granadas, además de un auto y una motocicleta.
El ministro del Interior, Juan Zapata, describió el asesinato como un “crimen político con carácter terrorista” que buscaba sabotear los comicios del 20 de agosto. El informe policial no precisó si los arrestados formaban parte de algún grupo criminal. Pero Zapata, quien confirmó la detención de varios extranjeros sin revelar sus nacionalidades, dijo que los sospechosos estaban vinculados al crimen organizado.
Villavicencio, de 59 años, había reportado amenazadas de miembros del cártel mexicano de Sinaloa, uno de los numerosos grupos internacionales de delincuencia organizada que operan ahora en Ecuador. El político indicó que su campaña representaba una amenaza para estas organizaciones.
“El pueblo ecuatoriano está llorando y Ecuador está herido de muerte”, afirmó Patricio Zuquilanda, asesor de campaña de Villavicencio.
Con cerca de 640 kilómetros (400 millas) de costa en el Pacífico, puertos de mercancías y algunas exportaciones clave, Ecuador ha pasado de ser un actor menor en el negocio de la droga a convertirse en un gran centro regional para el tráfico de cocaína.
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La lucha cada vez más intensa por el poder y el territorio desde la pandemia del COVID-19 ha derivado en pugnas entre los cárteles y en el reclutamiento de bandas locales, e incluso niños, lo que deja a los ecuatorianos sumidos en una violencia sin precedentes.
“Ecuador tiene la desgracia geográfica de estar encajado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, y en la base de todo esto hay un cierto grado de debilidad institucional en el poder judicial, la policía y el ejército”, indicó Cynthia Arnson, investigadora del Wilson Center, con sede en Washington, y experta en Latinoamérica.
El asesinato muestra que “los actores criminales, conectados probablemente con el crimen organizado en Ecuador, sienten que pueden actuar con impunidad, llegando incluso a asesinar a un candidato político anticorrupción”, agregó.
La Policía Nacional ecuatoriana documentó 3.568 muertes violentas en los seis primeros meses de este año, muy por encima de las 2.042 reportadas en el mismo periodo de 2022. Ese año terminó con un total de 4.600 muertes violentas, el récord en la historia del país y el doble del total de 2021.
El mes pasado, el alcalde de la ciudad portuaria de Manta fue asesinado a tiros. El presidente del país, Guillermo Lasso, declaró entonces el estado de excepción en dos provincias y en el sistema penitenciario del país en un intento por frenar la violencia.
En un video de su último acto de campaña publicado en redes sociales se ve a Villavicencio saliendo del recinto educativo donde se celebró rodeado de policías, que le ayudan a subir a un vehículo blanco. Entonces se escuchan disparos, seguidos de gritos y conmoción en torno al auto.
Zuquilanda dijo que Villavicencio había recibido al menos tres amenazas de muerte antes de la balacera, que había denunciado ante las autoridades, lo que derivó en una detención.
Según Lasso, los asesinos del candidato arrojaron una granada a la calle para cubrir su huida, pero no llegó a estallar. La policía la destruyó más tarde en una explosión controlada.
El presidente declaró tres días de luto nacional y un estado de excepción nacional por 60 días que permite sacar a militares a las calles en todo el país.
Villavicencio, uno de los ocho aspirantes a la presidencia, era el candidato del movimiento Construye. En su último discurso, prometió ante una multitud enfervorizada que lucharía contra la corrupción, incluso entre las fuerzas policiales, y encarcelaría a más delincuentes. En una declaración antes de su muerte, el político dijo no tener miedo y nombró al detenido jefe del crimen organizado José Adolfo Macías por su apodo, “Fito”.
La gente que esperaba el autobús en Guayaquil, una ciudad portuaria al sur de Quito que ha estado en el epicentro de la violencia de las pandillas, mostró su conmoción por el asesinato de Villavicencio.
“Esto demuestra que la violencia en el país va en aumento", dijo Leidy Aguirre, una farmacéutica de 28 años.
El dispositivo de seguridad de Villavicencio estaba formado por policías y guardas de seguridad privados.
En otros lugares, la gente seguía con su vida ejercitándose o dando paseos al aire libre, resignada a vivir en medio de la violencia. Una de esas personas era Marjorie Lino, un ama de casa de 38 años que lamentó el peligro mientras caminaba con una amiga por la carretera que lleva a uno de los barrios más violentos del país, añadiendo que no cree que ninguno de los candidatos presidenciales pueda acabar con la violencia.
Villavicencio era un periodista independiente que investigó la corrupción en gobiernos anteriores antes de entrar en política como activista contra la corrupción. Fue una de las voces más críticas con ejecutivo del presidente Rafael Correa, que rigió el país entre 2007 y 2017.
Villavicencio, que estaba casado y al que sobreviven cinco hijos, presentó numerosas denuncias contra altos cargos del gobierno de Correa, incluyendo el exmandatario. Fue condenado a 18 meses de cárcel por difamación por sus críticas a Correa, pero no llegó a cumplir la sentencia porque huyó a territorio indígena en Ecuador antes de exiliarse a Perú.
Una de sus investigaciones derivó en un proceso penal y en una condena de ocho años de prisión para Correa por corrupción.
Edison Romo, coronel en retiro especializado en inteligencia militar, indicó que las denuncias anticorrupción del candidato lo convirtieron en “una amenaza para organizaciones delictivas internacionales”.
En los últimos años, Ecuador ha sufrido una serie de escándalos políticos. Las elecciones anticipadas se convocaron luego de que Lasso, un exbanquero conservador, disolvió la Asamblea Nacional por decreto en mayo para tratar de evitar un juicio político por las acusaciones de que no intervino para poner fin a un contrato irregular entre una empresa estatal de transporte de petróleo estatal y una compañía privada de buques petroleros.
Las autoridades dijeron que al menos nueve personas más resultaron heridas en la balacera del miércoles, incluyendo un candidato al congreso.
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Garcia Cano informó desde Guayaquil, Ecuador.
