La controversia por la construcción de un área recreativa en la zona marítimo terrestre por parte del Condominio Sol y Playa en Rincón continúa luego de que se diera a conocer que la demolición no se ha podido llevar a cabo debido a falta de pago por parte de los dueños del edificio residencial necesaria para obtener los permisos por parte del estado.
Así se desprende de un documento judicial donde el ingeniero Pedro A. García Rivera, quien fue contratado para la demolición del área, compareció al Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, para notificar que presentó la solicitud de permiso. Sin embargo, indica que aunque han cumplido con las obligaciones que se les exige para proceder con las labores, no han podido debido a incumplimiento de pago por parte de los dueños.
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“Conforme a la encomienda profesional contratada con el ingeniero Pedro A. García Rivera se obtuvo la aprobación del permiso de construcción el día 21 de julio del 2023. Como parte de los requerimientos de dicho permiso debe procederse con el pago correspondiente ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el pago de los arbitrios municipales. Estos pagos corresponden directamente al dueño de la obra Condominio Sol y Playa”, lee la moción informativa presentada por el ingeniero.
Del mismo modo, García Rivera asegura que: “hemos cumplido con los requerimientos que están dentro de nuestra gestión profesional. Está en manos del dueño cumplir con los restantes”.
En un documento anterior, publicado por el ingeniero Pedro A. Cardona Roig conocido como ‘El Urbanista’ en las redes sociales se reportó la renuncia de la licenciada Amy Ruiz Goyco como representante legal del Condominio Sol y Playa debido a una moción presentada por la Junta de Directores del condominio y alega que la misma no fue coordinada.
“La información contenida en la moción presentada por derecho propio no fue coordinada. Además, incluye información que contradice los trámites que esta abogada está llevando a cabo para el cumplimiento con las órdenes del tribunal y sobre la cual advino en conocimiento hoy”, lee el documento.
“Dado las condiciones del caso, no nos encontramos en posición de revelar las desavenencias que se están presentando en ánimos de no violar lo cánones de ética y la relación abogado-cliente. No obstante, existen diferencias irreconocibles que requieren que este Honorable Tribunal acepte nuestra renuncia de forma inmediata”, añade.
El 14 de febrero de 2022, el Tribunal emitió una Sentencia Final en la que declaró nulo el Permiso de Construcción Consolidado Núm. 2020-344034-PCOC-010814, decretó la paralización de las obras de construcción comenzadas en la propiedad y ordenó al consejo de titulares demoler cualquier obra de construcción realizada bajo el referido permiso, así como los escombros generados para devolverla a su estado natural. El tribunal concedió para ello un término de 120 días, que venció el 1 de marzo de 2023.
