A pesar de que el tema de las luminarias públicas en las vías de tránsito del país ha sido un verdadero dolor de cabeza tanto para los conductores y la ciudadanía en general, como para el gobierno, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, dijo no tener una solución inmediata al problema que plagas las vías del país desde el impacto del huracán María en Puerto Rico en 2017.
Desde que el consorcio asumió la administración del componente de transmisión y generación de la red eléctrica del país, la intermitencia constante en mucho del alumbrado en las carreteras se ha hecho casi insoportable y atenta contra la seguridad de conductores y transeúntes.
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Ante una falta de explicación clara sobre la causa de esta intermitencia constante y de una solución concreta, la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, presidida por Javier Aponte Dalmau, cuestionó al nuevo presidente de LUMA Energy sobre la situación.
“El tema de las luminarias públicas ha sido un dolor de cabeza desde el huracán (María) para acá. Hemos tenido distintas historias de horror. En las avenidas principales vemos problemas con las luminarias, los alcaldes protestan constantemente”, lamentó el senador quien añadió que LUMA Energy debe crear un inventario digital de los postes en Puerto Rico para mayor eficacia.
“Para los alcaldes tiene un costo adicional el identificar poste por poste y su posición. Las luminarias requieren tratamiento urgente. En mi oficina tengo los teléfonos explotan de los ciudadanos llamando y dándonos números de querella de focos que no se atienden y que la gente encuentra que hay un grado de desespero en este tema”, añadió.
Saca, sin embargo, explicó que parte de la dilación en atender el problema está relacionada a la burocracia atada a los fondos federales, con la que el consorcio debe cumplir a cabalidad.
“Hay situaciones donde hay tres luminarias en el mismo lugar pero vamos y solo impactamos una y las personas se preguntan por qué, si ya estábamos allí, no arreglamos las otras dos. Lo que sucede, y no es una excusa, es que en esas fases tenemos ciertas reglas que tenemos que cumplir con los fondos federales de cómo hacemos eso”, indicó el ejecutivo.
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“Estoy en proceso de cómo podemos impactar a las municipalidades más rápido con respecto a las luminarias”, añadió Saca, quien apenas asumió el mando de la empresa el pasado 1 de junio.
Saca admitió que aún no tiene respuesta de las agencias federales de cómo podría acelerarse el proceso burocrático para impactar el problema de las luminarias públicas con premura pero aseguró que, en colaboración con los alcaldes, se puede atender el problema.
“La idea es pedirles ayuda a los alcaldes, acordar con ellos cuáles unidades se impactarán primero, porque nuestro riesgo es que no se haga cumpliendo las guías federales”, señaló.
“Esos son detalles operativos que en este particular no tengo la solución de cómo acelerar el proceso, pero lo estoy trabajando”, añadió.
El nuevo presidente del consorcio explicó que el problema está basado en dos temas, un tema interno de eficiencia y efectividad operativa y otro de los fondos federales y sus reglas. Según Saca, el tema de eficiencia y efectividad operativa marcha con normalidad, sin embargo, el tema de los fondos federales es otro.
“En resumen estoy más que consciente del tema de las luminarias porque me he mantenido viajando por todo Puerto Rico, lo he escuchado de todos los alcaldes”, dijo.
Saca explicó además que los cambios de luminarias se realizan en tres pasos, cambio de luminaria, cambio del brazo y el poste.
CELI por virtud de ley
En cuanto al cálculo que realiza LUMA Energy como parte del acuerdo de Contribución en Lugar de Impuesto (CELI), en el que el consorcio no paga contribuciones y arbitrios a cambio de que los municipios puedan contar con un crédito equivalente en el pago por el servicio de energía, el representante legal de LUMA, José Pérez explicó que realiza anualmente en virtud de ley.
“Eso se maneja en virtud de legislación existente así que lo que hacemos es acordar cada año que los municipios nos envíen las exclusiones que se establecen de la infraestructura municipal que va a entrar dentro de la cuenta del CELI, así que eso es algo que ocurre por mandato de ley y que lo hacemos anualmente en coordinación con los alcaldes”, explicó Pérez ante la Comisión.
“Nosotros unilateralmente no podemos cambiar la conversión de lo que es el CELI”, añadió.
