La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó el pasado viernes otra certificación para establecer que el 1ro de agosto sea la fecha de implementación del Plan de Contribución Definida para los empleados nuevos de la UPR y cerrar el Plan de Pensiones a nuevos participantes.
Según una carta enviada por la secretaria de la Junta de Gobierno, Margarita E Villamil Torres, la enmienda a la certificación número 142 (2022-2023) se realizó mediante un referéndum celebrado entre el jueves 20 y el viernes, 21 de julio de 2023 con previa recomendación del presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Ferraro Delgado.
PUBLICIDAD
Cabe destacar que el pasado noviembre la Junta de Control Fiscal le pidió a la UPR congelar su plan de pensiones y reducir beneficios, esto ante la dificultad de financiar adecuadamente su sistema de retiro. La carta para entonces estaba dirigida al pasado presidente de la Universidad, Jorge Haddock.
La Junta de Gobierno confirmó en declaraciones escritas que la determinación se da luego de certificarle a la Junta de Control Fiscal que el Plan de Contribución es consistente con el Plan Fiscal de la Universidad.
“Este tema ha sido discutido ampliamente por la Junta de Gobierno tanto en reuniones ordinarias como extraordinarias y en consideración con los requerimientos del plan fiscal. Ante la petición, la Junta de Gobierno realizó un referéndum para aprobar la implementación del Plan de Contribución Definida a partir del 1 de agosto de 2023, y el cierre del Plan Actual de Pensiones efectivo al 31 de julio de 2023″, detallaron.
Durante el referendum participaron 11 miembros de la Junta, completando así el quorum requerido para la votación que contó con seis a favor, cuatro en contra y uno inhibido. Los cuatro votos en contra corresponden a los miembros de la Junta de Gobierno que representan a la comunidad universitaria.
Luis Vicenty Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (JRUPR) indicó, por su parte, que esto no es una directriz nueva y que cada certificación emitida por la Junta se ha incumplido.
PUBLICIDAD
Explicó que desde el pasado 16 de febrero de 2022 la Junta emitió su certificación numero 106 que establece la nueva fecha del Plan de Contribución definida para entonces, el 1 ro de noviembre de 2022 en lugar del primero de enero de 2022, según dispone la certificación 77 que es el plan fiscal de la UPR para los años 2021 a 2026.
“El plan de pensiones existente estará cerrado a los nuevos miembros a partir del 31 de octubre de 2022 para todos los participantes sin derechos adquiridos”, lee el documento de entonces.
Para el 27 de octubre, indió Vicenty Santini, que someten otra certificación para dejarla sin efecto y establecer una nueva fecha, en ese caso el 1ro de mayo de 2023. Luego el 8 de mayo emiten una nueva certificación para enmendar la certificación 52 para establecer otra fecha de implementación del Plan de Contribución Definida para los empleados nuevos sería 31 de mayo de 2023.
“Lo que la Junta de Gobierno está haciendo es buscar de alguna manera que la Junta de Supervisión Fiscal le suelte los $20 millones que tiene amarrado al presupuesto. Si uno mira la certificación uno tendría que decir con ¿cuánta gente comienza ese plan, porque si es a partir del 1ro de agosto cuánta gente va a reclutar la UPI al primero de agosto. La experiencia de los últimos seis meses nos dice que la UPR ha emitido más de 50 convocatorias de empleo, después puestos regulares y no regulares que no han podido reclutar ni 50 empleados nuevos. El reclutamiento de los empleados no depende del sistema de retiro ciertamente, depende de una variable ahí que es mas importante, que son las escalas salariales”, indicó Vicenty Santini.
“Para efectos del Sistema de Retiro si tu me contratas 50 empleados en los últimos seis meses y en el año tu no me contratas ni 100 empleados, el efecto es básicamente el mismo. Lo puedes cerrar. Pero la parte más importante para la Universidad, del Plan de Pensiones, no la resuelven con esa chapucería que están queriendo hacer que le plantean a la Junta de Control Fiscal porque como quiera tienes que seguir pagando la aportación al Sistema de Retiro existente. Esa gente no se va a morir, esa gente está ahí, está viva. Hay un compromiso”, añadió.
Explicó que si el fideicomiso no puede pagar las pensiones, le toca al patrono.
“Esta nueva certificación lo que demuestra una vez más es la chapucería de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y del gobierno de Puerto Rico en términos de como trabaja las pensiones y de la propia Junta de Supervisión Fiscal que ve un plan de retiro que esta solvente y le quiere aplicar la misma medicina que le aplica a los sistemas que ya quebraron. Ellos no tiene ningún estudio que demuestre que con esta medida logran algo lógico para la consecución de la Universidad. La preocupación de nosotros con esta medida es que esto afecte la solvencia de la Universidad de Puerto Rico”, apunto.
Señaló que actualmente el asunto se encuentra bajo evaluación del Tribunal federal para determinar si se devuelve el caso a los tribunales locales.
“Deja mucho que desear la actitud temeraria de la Junta de Gobierno UPR, la cual sigue intentando actos contrarios a la ley sin contar con el Fiduciario del Sistema de Retiro (Junta de Retiro UPR) y causando un daño a todos los participantes activos y jubilados y a la UPR como institución. Desde nuestro punto de vista la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico sigue gerenciando la quiebra progresiva de la UPR”, manifestó.
