El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi Urrutia, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1459, que establece un proceso de credencialización centralizado de proveedores de salud que brindan servicios bajo planes médicos.
A través de la implementación del Formulario de Solicitud Uniforme, se busca eliminar la falta de uniformidad y duplicidad de documentos para recopilar la información necesaria de los proveedores de salud en una sola plataforma, similar al Registro Único de Proveedores para la Administración de Servicios Generales. Así, se agilizaría el proceso de conseguir contratos con las aseguradoras de salud, uno de los reclamos expresados por el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Seguros y proveedores de salud.
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“[Los proveedores de salud] Señalan la carga administrativa que representa tener que enviar una cantidad considerable de información repetidamente a múltiples planes médicos en el proceso de verificación de sus credenciales, un proceso se prolonga por largos meses sin generar ingresos de los planes médicos”, expresó el gobernador.
Asimismo, el secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, puntualizó que “lo que se está creando es un repositorio para que las aseguradoras se nutran de eso y ese profesional de salud no tenga que ir a cada una de ellas con la misma cantidad de papeles que se requiere por ley para poder trabajar”.
Por su parte, el comisionado de Seguros de Puerto Rico, Alexander Adams Vega, indicó que la plataforma digital les proveerá a las agencias reguladoras una mayor visibilidad a los estatus de las solicitudes de los proveedores, para una mayor fiscalización hacia las aseguradoras.
El nuevo formulario integra consideraciones en los segmentos de Medicaid, Medicare Advantage y planes comerciales. Se toma en consideración a las aseguradoras, Managed Care Organizations, hospitales, IPAs, Federally Qualified Health Centers (FQHC-Centros 330), Grupos Médicos y demás facilidades y afiliados de la salud.
El proyecto también enmienda el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico y el Código de Seguros de Puerto Rico y establece el requerimiento de Modernización de los Procesos en las Juntas Examinadoras adscritas al Departamento de Salud y Radicación de Informes de Progreso para procesar las solicitudes rápidamente. La medida no especifica cómo se realizará esa modernización, pero el Departamento de Salud debe someter informes de progreso cada seis meses.
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También, la ley dispone proveer los fondos necesarios para el servicio y mantenimiento del sistema electrónico centralizado.
El formulario lanzará en septiembre para los planes médicos comerciales y se espera integrar a las aseguradoras bajo el Plan Vital paulatinamente, en enero 2024. “El portal se ha conformado en total cumplimiento con los requisitos del programa de Medicare, así que no vislumbramos obstáculo alguno para que los planes Advantage también lo utilicen”, aclaró Pierluisi Urrutia.
Reclamos por atender para la clase médica
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz, ha reclamado al gobierno “declarar una crisis de salud” para exigirles a las aseguradoras que no cierren su red de proveedores.
Sobre ese reclamo, el comisionado de Seguros declaró que no se justifican estos alegados cierres de redes de proveedores, porque “aun estando en el sector comercial, tienes que garantizar suficiencia de proveedores dentro de una red”. “Entraríamos a fiscalizar, en el caso hipotético [de] que se le niegue la entrada a un proveedor elegible, que ya pasó por el proceso de credencialización, tiene todos sus documentos al día y es un proveedor hábil”, manifestó.
Por otro lado, Díaz sostuvo que Puerto Rico es la región con “las tarifas más bajas a los proveedores”. La directora ejecutiva de la Oficina de Medicaid en Puerto Rico, la licenciada Dinorah Collazo Ortiz, puntualizó que se paga “lo que está en el contrato” entre la aseguradora — Triple S, MMM, Plan de Salud Menonita o First Medical — y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).
Tanto Mellado López como Collazo Ortiz indicaron que, a través del Consolidated Appropriations Act, 2023, se asignaron fondos ascendentes a $3.2 mil millones para los próximos cinco años fiscales, de los que $300 millones se distribuyen en el tarifario para el año corriente. El contrato actual establece un mínimo de reembolso del 75% del tarifario Medicare para especialistas y, del 80 % o el 100 %, según corresponda, para subespecialidades definidas.
