El gobierno del presidente Joe Biden solicitó el lunes a una corte federal de apelaciones que bloquee temporalmente la orden de un tribunal menor que limita las discusiones de funcionarios del poder ejecutivo con empresas de redes sociales sobre publicaciones controversiales en línea.
La solicitud del interdicto de emergencia se presentó en la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito poco después de que el juez de distrito Terry Doughty rechazó la moción del gobierno de que suspendiera la orden que él mismo había emitido el pasado 4 de julio.
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La orden deriva de una demanda interpuesta por los fiscales generales de Luisiana y Missouri, ambos republicanos, así como por el propietario de un sitio web conservador y cuatro individuos críticos de las políticas gubernamentales relacionadas con el COVID-19.
La demanda aseguraba que, en la práctica, el gobierno censuraba la libertad de expresión al amenazar con acciones reguladoras mientras presionaba a las compañías a retirar lo que consideraba desinformación. Las vacunas contra el COVID-19, los asuntos legales en torno a Hunter Biden — hijo del presidente — y acusaciones de fraude electoral fueron algunos de los temas que se destacaron en la demanda.
Doughty fue nominado al cargo por el expresidente Donald Trump. Su orden prohíbe que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el FBI y otras agencias del gobierno se reúnan o se pongan en contacto con empresas de redes sociales con el fin de “alentar, presionar o inducir de cualquier forma el retiro, eliminación, supresión o reducción de contenido protegido por la libertad de expresión”.
Los abogados del gobierno señalaron en la moción que presentaron ante la corte del 5to Circuito que el fallo de Doughty era demasiado general y vago, y abría la posibilidad de limitar el discurso de funcionarios del gobierno en temas de importancia. Además señalaron que Doughty no hizo mención de evidencia alguna de que el gobierno hubiera amenazado a las empresas de redes sociales para coaccionarlas a eliminar las publicaciones.
“La corte de distrito no identificó evidencia alguna que dejara entrever que cualquier solicitud de eliminación de contenido estuviera acompañada de una amenaza. De hecho, la orden que niega la suspensión —presuntamente resaltando la evidencia más sólida— refirió a ‘una serie de declaraciones públicas en la prensa’”, señaló el gobierno.
Pidieron que la corte del 5to Circuito bloquee la orden de Doughty mientras se prosigue con el caso en la corte de apelaciones de Nueva Orleans o, por lo menos, que se otorgue una suspensión de 10 días a la orden para que el gobierno pueda prepararse para ir a la Corte Suprema en busca de una suspensión más prolongada.
