La lucha por oficializar los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala sufrió otro revés después de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano emitiera una orden que bloquea la certificación.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema, Silvia Patricia Valdés Quezada, dictaminó en tres fallos firmados sólo por ella y filtrados a la prensa local no oficializar los resultados de las presidenciables del 25 de junio.
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Valdés Quezada, que dice actuar en nombre de la Corte constituida en Tribunal de Amparo, indica en sus fallos que primero el Tribunal Supremo Electoral debe rendirle un informe en un plazo de 12 horas en que se explique de qué forma se llevaron a cabo las revisiones de actas de votos, cómo se realizó el cotejo de actas y sobre el sistema de cómputo usado para dar resultados previos y si ameritan modificaciones pertinentes. Ésto con el fin supuestamente de dar cumplimiento al fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó una segunda revisión de impugnaciones solicitadas por los partidos perdedores.
El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Rudy Esquivel, dijo a The Associated Press que no podían confirmar ni negar los fallos porque sólo las partes tienen acceso. La AP también consultó al Tribunal Supremo Electoral sobre los fallos filtrados la noche del viernes en los medios guatemaltecos, sin obtener una respuesta de inmediato.
Algunos abogados cuestionaron a la magistrada Valdés Quezada y argumentaron que según la ley ella no puede firmar sola un fallo dentro de un amparo, por lo que aseguran que su decisión sería nula.
El ex presidente del Colegio de Abogados, Ovidio Orellana, dijo en un mensaje de Twitter que “el amparo provisional y su ejecución favorable o no, cuando son órganos judiciales colegiados, se dictan a través de un auto, el cual, debe ser firmado por todos los magistrados”. La Corte no respondió a preguntas de la prensa del por qué el fallo solamente calza la firma de la presidenta de ese órgano.
Se trata de tres solicitudes de asistencia de ejecución, del amparo provisional otorgado por la CC y solicitadas por nueve partidos políticos unificados en el partido Cambio, del ex candidato presidencial Manuel Baldizón, deportado en 2022 de Estados Unidos luego de haber cumplido sentencia por lavar dinero del narcotráfico para su campaña electoral y que se alió a otras fuerzas políticas para detener la oficialización de los resultados.
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“En tanto se dilucidan las situaciones anteriormente previstas el Tribunal Supremo Electoral continuará con la suspensión, calificación y oficialización de los resultados” se lee en parte de los fallos que favorecen a los partidos que incluyen a VALOR, que postuló a Zury Ríos, hija del exdictador José Efraín Ríos Montt, que quedó en sexto lugar y al partido Todos, que obtuvo el 1.3% de la preferencia electoral.
El Tribunal Supremo Electoral adelantó el viernes que tras la revisión de las actas de los pasados comicios presidenciales realizadas por las 23 Juntas Electorales Departamentales y Distrital, no se detectó una variación en los resultados preliminares transmitidos el 25 de junio y que todo indicaba que se “reafirman los resultados preliminares”
Los resultados comunicados el lunes posterior a la jornada electoral dieron por ganadores de la primera vuelta a la candidata presidencial de centro derecha Sandra Torres y al aspirante de izquierda Bernardo Arévalo, la sorpresa de la jornada. Sin embargo, como ninguno obtuvo el 50% de los votos necesarios para ganar, se tendrá que realizar una segunda vuelta prevista para el 20 de agosto.
Para la segunda vuelta, en la que se elegirá al sucesor del presidente Alejandro Giammattei, quedaron fuera dos de los favoritos en las encuestas de intención de voto previas y el postulante del oficialismo.
La autoridad electoral hizo un llamado a las organizaciones políticas, afiliados y simpatizantes a “aceptar con madurez los resultados electorales, los cuales representan la legítima voluntad popular”, indicó. También respaldó el trabajo realizado por las juntas electorales y rechazó lo que calificó como campañas de desprestigio en su contra.
De no oficializarse los resultados, los candidatos tienen prohibición a continuar con campañas electorales con miras a ganarse el voto de la población. Según el calendario electoral, 9.3 millones de guatemaltecos están llamados a votar en la segunda vuelta electoral.
