El Senado aprobó en el último día de sesión ordinaria, el informe del comité de conferencia del Proyecto del Senado 1197.
La medida tiene como propósito aclarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con relación a la inmunidad que les aplica a los estudiantes, médicos-residentes y médicos en adiestramiento postgraduado, de las instituciones médico-hospitalarias públicas y privadas, incluyendo los Centros Médicos Académicos Regionales.
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Se propone enmendar la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales y la ley conocida como Código de Seguros con el propósito de aclarar la política pública con relación de la inmunidad que le aplica a los estudiantes, médicos-residentes y médicos en adiestramiento postgraduado.
“Quiero establecer tres puntos importantes: no creamos derechos nuevos, sino restablecemos la normativa que estuvo vigente hasta el 2022 que, a través de una interpretación judicial, dejó desprovisto a los médicos residentes de instituciones privadas. También, al tenerlos desprovistos y solo estar cubiertos los médicos de nuestra institución pública, estamos discriminando contra aquellos que están en instituciones privadas. No podemos hacernos de la vista larga y mantener este discrimen. La medida solo protege a los médicos que se desempeñan en una formación académica”, resaltó González Huertas en un turno pasado cuando la medida fue discutida en el Senado antes de pasar al Comité de Conferencia.
También, fue aprobada la Resolución del Senado 816 para extender el nombramiento de Nino Correa como Comisionado Interino del Negociado para el Manejo de Emergencias. “Tiene como propósito expresar la aprobación del Senado sobre la designación del señor Nino Correa Filomeno, como Comisionado Interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y que este pueda continuar dirigiendo el Negociado hasta finalizada la Sexta Sesión Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa, o hasta que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico designe a una persona al cargo en propiedad y sea confirmada por el Senado de Puerto Rico, lo que ocurra primero”.
Además, fueron aprobados varios nombramientos a diversas posiciones en la judicatura y otras áreas de gobierno. Fue confirmada Marta Isabel Dávila Román para un nuevo término como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; Lizardo William Mattei Román para un nuevo término como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; Viviana Janet Torres Reyes para un nuevo término como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; licenciada Gretchen Marie Pérez Catinchi como Fiscal Auxiliar III y Christian Trinidad de Jesús como Comisionado en la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en capacidad de representante de la Autoridad de los Puertos, para un término que vence el 30 de marzo de 2027.
Asimismo, Arelys Marie Ortiz Rivera como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; Antonio Torres Miranda como Comisionado Asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico; Evyanne Marie Mártir Hernández para un ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; Ing. Ferdinand A. Ramos Soegaard como Comisionado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico y para un nuevo término como Comisionado Asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico; Ana Miriam Silva Torres como miembro asociado a la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales para un nuevo término; María Esther Hernández Medina para un ascenso como Fiscal Auxiliar III; Iris Alicea Martinez Juarbe para un ascenso como Fiscal Auxiliar III; Ignacio Enrique Morales Gómez para un nuevo término como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; Roxan Rivera Carrión para un ascenso como Fiscal Auxiliar II y Victor Javier Jirona González como juez superior del Tribunal de Primera Instancia.
Finalmente, fue aprobado el informe del comité de conferencia del Proyecto del Senado 893 de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, Rosamar Trujillo Plumey y Juan Zaragoza Gómez, para establecer la “Carta de derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico”; establecer la facultad de la Procuraduría del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento con las disposiciones de esta ley.
