La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), manifestaron hoy su inquietud ante el Plan de Ajuste propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los impactos que podría tener en los costos energéticos para los consumidores y el sector comercial e industrial.
Ambas organizaciones participan activamente en el proceso judicial de restructuración de la deuda de la AEE en busca de impulsar un Plan de Ajuste que promueva el desarrollo económico y social en Puerto Rico y que cumpla con los mandatos de la Ley 17-2019.
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“El levantamiento histórico del sector privado presentando sus objeciones formales en la Corte Swain, el pasado 12 de junio, en contra del Plan de Ajuste de la AEE, ha generado una oposición masiva en la isla en relación a este plan”, dijo Eric Santiago Justiniano, presidente de la Asociación de Industriales.
Por su parte, Josean Rossi comentó que “el ICSE lideró la participación multisectorial a través de joinders a la objeción formal basada de testimonios periciales”.
“Dicho Plan contraviene la Política Pública Energética, imponiendo ´cargos legado´ discriminatorios en los costos energéticos de los clientes de la AEE no subsidiados, particularmente los sectores comerciales e industriales de los que depende el crecimiento de empleos y hogares nuevos en Puerto Rico”, apuntó.
Estos hechos preceden que hace unos días la JSF certificó el nuevo Plan Fiscal de la AEE debido a que recibió proyecciones actualizadas de demanda y costos de electricidad, por parte de AEE, LUMA Energy LLC y Genera PR. A base de esta nueva información, la JSF informó que enmendará el Plan de Ajuste para reducir sustancialmente las obligaciones de la AEE a $2.3 billones, en comparación con los $5.6 billones que había propuesto en el Plan de Ajuste presentado en marzo de 2023.
“Fíjate, recientemente la Jueza Taylor Swain ha determinado que los bonistas solo podrán cobrar $2.4 millones en lugar de los $5.4 millones inicialmente propuestos, lo cual marca un nuevo desarrollo en el proceso de revisión del plan, a la vez de plantear importantes interrogantes sobre su viabilidad y efectos económicos”, aseguró, el presidente de Industriales.
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Ante la dilatación de los procesos en la Corte Swain y la espera por el Plan de Ajuste enmendado, AIPR y el ICSE continúan ejecutando esfuerzos para informar y educar al sector privado sobre las actualizaciones y la importancia del tema.
El Lcdo. Fernando Agrait, Fellow, asesor y representante legal del ICSE en la Corte Swian, presentó el estado actual del caso de la AEE bajo el Título III de PROMESA y cómo se relaciona con el rol y los deberes del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
“La situación de la Quiebra de la AEE y el caso ante la Juez Swain, se encuentra en un momento muy fluido y enfrenta atrasos en los procesos judiciales. El Plan anteriormente sometido por la JCF se enmarca y sostiene en aumentos de tarifas y cargos al consumidor. Sin embargo, la propia JCF ha reconocido que el NEPR, es la entidad con jurisdicción exclusiva sobre aprobación de tarifas y cargos en relación con cualquier servicio eléctrico y las distintas clases de clientes. ¿Cómo es posible construir un Plan de Ajuste sobre unos aumentos tarifarios que la Junta admite que no controla, y sí los controla el NEPR? No se debe aprobar un Plan enmendado que plantee las mismas grandes fallas que ignoran los poderes del NEPR”, afirmó.
El economista y testigo experto del ICSE en la Corte Swain, Dr. Ramón Cao, explicó que, “el nuevo Plan Fiscal de la AEE, no informa aun el aumento ni la estructura que resultará en tarifas, pero indica que para el pago de la deuda reestructurada habrá una tarifa fija y una volumétrica”.
Indicó también, según su estudio del 2019, los aumentos en las tarifas de electricidad contenidos en el Plan de Ajuste de marzo 2023, tendrían consecuencias adversas sobre la ejecutoria de la economía con una reducción esperada en el Producto Bruto Nacional real en el año fiscal 2024 de 2.70%. Además de una reducción esperada en empleo de 25,010. Mientras que en el año fiscal 2030 habría una reducción esperada en Producto Bruto Nacional real de 8.59% y una reducción esperada en empleo de 79,472. Habrá que revisar este estudio una vez tengamos la información que aún falta del plan de ajuste”.
Por su parte, el Lcdo. Ramón L. Nieves, quien también es testigo experto del ICSE en la Corte Swain, explicó que el Plan de Ajuste presentado en marzo de 2023, crea subsidios discriminatorios que eximen a algunas clases de clientes del pago del “cargo legado” y los aumentos en las facturas. Además, no incluye análisis concretos sobre el impacto que esto tendría en las metas de integración de energía renovable establecidas en la Ley 17-2019.
Nieves, hizo hincapié en que, “aunque el nuevo Plan Fiscal de la AEE redujo en nivel de deuda a $2.3 billones, aún falta examinar la validez del Plan de Ajuste enmendado que será presentado por la JCF, el nivel de los aumentos en las tarifas y las pensiones de la AEE, según se desarrollen los procesos judiciales en la Corte Swain”.
La Asociación de Industriales de Puerto Rico y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), han sido líderes en el tema energético en Puerto Rico por más de 10 años y participan activamente para impulsar un Plan de Ajuste que promueva el desarrollo económico y social en la isla.
“Tenemos que mantener al pueblo educado y capacitar al sector privado sobre los procesos actuales en la “Corte Swain” y los costos potenciales de energía en el 2023 y 2024. De igual forma, incentivar al sector privado a que continúe participando y a unirse a los esfuerzos multisectoriales en favor de un Plan de Ajuste económicamente viable, que adelante los mandatos de la política pública y no sea perjudicial para el consumidor”, puntualizó Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Industriales.
El foro que se llevó a cabo hoy en Industriales, tuvo la participación de líderes de diferentes sectores y miembros de la comunidad, quienes expusieron sus preocupaciones y recomendaciones del tema energético y manifestaron su compromiso de trabajar de manera colaborativa para buscar soluciones que impulsen el crecimiento económico, promuevan la sostenibilidad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Rico.
En relación al Plan de Ajuste propuesto, se analizaron los posibles impactos económicos que podrían derivarse de su implementación. Los expertos evaluaron los efectos a corto y largo plazo en los costos energéticos para los consumidores, así como las implicaciones para el desarrollo industrial y empresarial de Puerto Rico. Se enfatizó la importancia de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica y la necesidad de proporcionar servicios energéticos asequibles y confiables para todos los sectores de la sociedad.
