La Cámara de Representantes aprobó en la noche del jueves, el Proyecto de la Cámara 1106, que persigue enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000), con el fin de prohibir el desvío, bloqueo e interrupción del tránsito por las vías públicas con la intención concertada de afectar el flujo vehicular o el movimiento de transeúntes.
La medida apunta que en tiempos recientes han proliferado las convocatorias en redes sociales de corridas sin autorización previa para su realización, poniendo en riesgo la vida humana y la de terceras personas.
PUBLICIDAD
“Una de estas fue el 25 de junio de 2021 donde cientos de conductores quedaron atrapados en varias avenidas de San Juan luego que se organizó una corrida de motocicletas por calles y avenidas de la capital. De igual manera, se han convocado manifestaciones en protesta a diversas situaciones a horas de mayor tránsito en el expreso Las Américas, el expreso de Diego y en el expreso Baldorioty de Castro, causando así grandes congestiones vehiculares y no permitiendo a otros conductores adelantar su marcha”, destacó la exposición de motivos de la medida.
Al mismo tiempo, los autores de la medida establecieron que en el caso de las protestas, el derecho a la libre expresión no es absoluto y pudiera ser regulado razonablemente por el Estado en términos de tiempo, lugar y modo en que se ejercen y desarrollan.
El Proyecto, presentado por los representantes de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), busca establecer como delito menos grave si como consecuencia de la obstrucción un vehículo de motor de emergencia, o un vehículo que responda a una emergencia o situación de rescate se ve imposibilitado de continuar su curso por la vía pública.
“Es importante destacar que la medida limita su aplicación a aquellas instancias en las cuales se actúa con una intención concertada de afectar el flujo vehicular”, reza la legislación.
Según el texto de ley, los individuos que violen el artículo 6.23 de la Ley 22-2000, que corresponde a las obstrucciones al tránsito debido al estacionamiento, se exponen a una sanción con pena de reclusión por un término no mayor de 6 meses, pena de multa no menor de $500 ni mayor de $5,000, o ambas penas a discreción del Tribunal.
PUBLICIDAD
El proyecto fue aprobado a viva voz luego de recibir un informe positivo de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas, presidida por la representante Gretchen Hau.
De otra parte, se aprobó una medida que busca permitir al Estado transferir a los municipios la responsabilidad de proveer servicios de seguridad, protección e investigación, mediante acuerdos colaborativos para unificar la fuerza policíaca y garantizar el financiamiento correspondiente.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1715 de la autoría del presidente cameral, Rafael Hernández Montañez y los representantes, Juan José Santiago Nieves, Luis Ortiz Lugo y Estrella Martínez Soto.
De igual forma, la pieza legislativa crea la figura del “policía auxiliar’'.
“Este sería un profesional con mayor capacitación, autoridad y responsabilidad en ley en comparación con los guardias de seguridad, y que asistirá a la Policía cuando se suscite la violación de una ley penal, mediante el arresto de la persona sospechosa’', establece la exposición de motivos de la media.
Entre las facultades que tendrían los gobiernos municipales se encuentra mayor injerencia para fortalecer la seguridad en cada comunidad al incorporar a los policías auxiliares dentro del plan anticrimen.
Asimismo, el policía auxiliar podrá realizar un arresto sin la correspondiente orden del tribunal si logra establecer que tenía motivos fundados para creer que la persona cometió un delito grave, aun cuando no haya sucedido en su presencia.
Tanto la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico avalaron el estatuto.
