El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, recomendó hoy a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una nueva legislación referente a la política pública de todos los servicios públicos y privados que inciden en la salud, luego que la Junta de Control Fiscal (JCF) no avalara las legislaciones sobre la salud del país porque no cumplen con la ley PROMESA.
Durante el año 2019, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares promulgó las leyes 82-2019, Ley 138-2019 y la Ley 47-2020 y el Gobierno presentó a la JCF unas certificaciones sobre dichas leyes al amparo de la Ley PROMESA. Las certificaciones estimaron que las leyes “no tendrían impacto en los gastos e ingresos” del Gobierno, y se concluyó que estas “no eran significativamente inconsistentes” con el Plan Fiscal certificado aplicable. Sin embargo, estas certificaciones fueron rechazadas por la Junta y, por lo tanto, el Gobierno inició un caso contra la Junta ante el Tribunal de Título III.
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“Durante el proceso judicial, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos denegó la petición de revisión que solicitaba la decisión del 22 de junio de 2022 del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones”, expuso Díaz Marrero durante una vista cameral presidida por la representante Sol Y. Higgins Cuadrado.
“Además, confirmó la decisión tomada por la jueza Laura Taylor Swain de que JCF tiene la autoridad para revisar e impedir la implantación de las leyes promulgadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, si estas perjudican o anulan los propósitos de PROMESA”, añadió.
El también Secretario de Estado señaló que el Gobierno se encontraba en un proceso de apelación relacionada a las legislaciones detenidas por la JCF y estas requieren ser actualizadas y modificadas para atemperarlas a la nueva realidad jurídica, reglamentaria y fiscal que aplican a Puerto Rico.
Las leyes aprobadas por la pasada administración y no avaladas por la JCF son la Ley 82-2019, conocida como la “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia; Ley 138-2019, conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico; y la Ley 47-2020, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico.
“¿Desde cuándo se sabe que estas leyes necesitan nueva legislación?”, preguntó Higgins Cuadrado, a lo que el oficial principal de la agencia planteó que desde el 27 de marzo de 2023.
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Respecto a la Ley 82, el plan de trabajo dispuso que “dentro de los próximos siete días laborales, la AAFAF emitirá una orden a la Administración de Seguros de Salud (ASES) para que solicite un estudio actuarial del impacto de dicha ley en los costos del Plan Vital”.
De manera similar, el Secretario de Estado expresó que la AAFAF cumplió con solicitar al Departamento de Salud (DS) un plan de trabajo y un presupuesto detallado para implementar la Ley 82. Además, para asistir en el proceso, se solicitó un estudio a Advantage Business Consulting “para confirmar la estructura necesaria de la oficina requerida por ley”, dijo el funcionario.
Marrero Díaz destacó que, en colaboración del DS, llevarán a cabo un estudio relacionado a la oferta y demanda de médicos.
“Dicho estudio se realizará mediante una encuesta, la cual ya fue preparada y al momento la Junta se encuentra verificando e identificando el proveedor que distribuirá y analizará la misma”, señaló.
Asimismo, resaltó que la AAFAF cumplió con el plan de trabajo establecido y en conformidad para considerar medidas de salud importantes que cumplan con el estado de derecho vigente.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez expresó su compromiso por el bienestar de los pacientes puertorriqueños.
“Este cuerpo legislativo siempre ha tenido como prioridad el tema de la salud y seguirá en el tope de la agenda legislativa y, respecto a estas leyes, es meritorio estudiar el impacto presupuestario que tiene cada una de estas leyes”, apuntó.
En su turno, el representante novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló resaltó preocupación con la Ley 82 porque es una que atiende la situación del paciente.
“Si tenemos que volver a hacer legislación, así lo haremos, porque los puertorriqueños necesitan leyes que atiendan la salud”, dijo.
Finalmente, la presidenta de la Comisión, Higgins Cuadrado expuso que “es increíble que después de tantos años, continúe el mismo problema sin poder encontrar una solución concreta’'.
