De acuerdo con un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) llevó a cabo pagos ilegales por un total de 27.1 millones de dólares para cubrir enmiendas retroactivas en dos contratos, uno de septiembre de 2017 y otro de febrero de 2018. Estos contratos tenían una cuantía original de 800 mil y 188.7 mil dólares, respectivamente.
La OCPR aseguró en un comunicado que los desembolsos para la contratación de servicios profesionales no se llevaron a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.
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Los contratos fueron establecidos con el propósito de respaldar a la Oficina del Governor Authorized Representative (GAR). Dicha oficina se fusionó con la Oficina de Gerencia y Presupuesto en octubre de 2017, y posteriormente se incorporó a la Oficina de Recuperación y Reconstrucción (COR3) en marzo de 2018, lo que resultó en la transferencia de la responsabilidad de administrar estos contratos fuera de la jurisdicción del Negociado.
Los servicios contratados estaban relacionados con la administración de programas de Asistencia Pública y de Subvenciones para Mitigación de peligros y apoyo a los esfuerzos de respuesta y recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María.
El informe de la OCPR lee que “Para estos servicios se otorgaron 2 contratos y 7 enmiendas por $35,148,420 del 22 de septiembre de 2017 al 18 de diciembre de 2018, según se indica: El importe original del contrato otorgado el 22 de septiembre de 2017, era de $800,000, y se utilizó en septiembre y parte de octubre de 2017. El importe original del contrato otorgado el 5 de febrero de 2018, era de $188,700, y se utilizó entre febrero y parte de abril de 2018″.
Aunque los fondos asignados inicialmente en los contratos se agotaron en aproximadamente seis semanas, el NMEAD continuó permitiendo que los contratistas continuaran brindando sus servicios, por lo que el total de las enmiendas hizo que los contratos ascendieran a $35,148,420. Cuando un contratista excede el límite máximo estipulado en un contrato, se pierde una relación contractual válida, exigible, prospectiva y escrita.
Ni el informe ni el comunicado mencionan explícitamente la identidad de los contratistas que recibieron los pagos.
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De igual forma, el informe de auditoría reveló que el Negociado pagó $60,027 por servicios prestados sin contrato a una agencia de publicidad entre el 2017 al 2019. Además, desembolsaron $7,677 a un contratista por horas de servicio prestadas antes de formalizar un contrato y sin contar con los fondos que respaldaran el servicio prestado.
Adicionalmente, se descubrieron tres enmiendas por un total de $815,425 en fondos federales, que se destinaron a servicios publicitarios durante el período comprendido entre 2017 y 2019, sin seguir un proceso de competencia abierta con múltiples proveedores. Esta situación podría dar lugar a favoritismos hacia ciertos proveedores y podría generar cuestionamientos por parte de la agencia federal encargada de asignar los fondos, e incluso podría requerir que se devuelva el dinero otorgado.
Contrario a la Carta Circular 1300-02-12, el Negociado realizó pagos por $20,398, en exceso del 15 por ciento de comisión, a una agencia de publicidad y a otros subcontratistas. La facturación incluía comisiones desde un 17.65%, hasta el 25%.
Además, el Negociado pagó $10,809 entre el 2016 y el 2019, por el almacenamiento de documentos cuyo periodo de conservación había expirado. La directora de Servicios Generales no supervisó las operaciones relacionadas con la administración de documentos que debieron haberse dispuesto entre el 1986 y el 2018.
Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el comisionado decidió contratar los servicios de contadores públicos autorizados hasta 14 meses después de la fecha estipulada por la ley. Dicha ley establece que los contratos para llevar a cabo las auditorías individuales deben ser otorgados con al menos 90 días de antelación al cierre del año fiscal.
