BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investigaba si durante su gobierno participó de operaciones de lavado de dinero atribuidas a un empresario allegado.
El juez federal Sebastián Casanello tomó la decisión de finalizar el proceso contra la dirigente peronista luego de que, días atrás, las querellas de la Unidad de Información Financiera y el fisco se pronunciaron en ese sentido tras coincidir con la fiscalía en la falta de pruebas, dijo la agencia oficial de noticias Télam.
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Con esta medida la acusación queda archivada en el expediente iniciado en 2013 a la exmandataria (2007-2105), quien a su vez es investigada en otras causas judiciales por distintos delitos.
Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado durante su mandato. El fallo fue apelado por la vicepresidenta y su resolución quedaría en manos de la Corte Suprema en un plazo que se desconoce.
Según Télam, el magistrado señaló que "frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hallan satisfechos”.
El fiscal del caso, Guillermo Marijuan, retiró días atrás su acusación a la vicepresidenta “tras recibir un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco)”, acotó el magistrado.
A partir de esa información, el fiscal pudo confirmar una reunión de fines de 2010 en la residencia presidencial donde el empresario Lázaro Báez, "al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando”, citó el juez en la resolución.
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Báez, allegado a la vicepresidenta, fue condenado a 10 años de cárcel a raíz de esta investigación de lavado de dinero.
El empresario había recibido una sentencia de seis años de prisión en el mismo juicio en el que la exmandataria fue condenada por resultar beneficiado de forma irregular con la adjudicación de 51 obras públicas con fondos nacionales en la sureña provincia de Santa Cruz.
