Una nueva legislación radicada en el Senado de Puerto Rico busca proveer más recursos económicos para la operación de la Oficina del Contralor Electoral, la cual ha sufrido recortes en su presupuesto en más del un 50 por ciento.
Según información pública, la agencia ha tenido recortes presupuestarios paulatinamente a través de los últimos años de $4.9 millones a $2.2 millones. Esta acción ha provocado que de 27 auditores que operaban en el pasado, solo queden 15 auditores para fiscalizar todos los comités políticos de los candidatos en elecciones realizadas en Puerto Rico.
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El P. del S. 1174 fue presentado por la senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Nitza Moran Trinidad, quien propone se deposite en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral el cincuenta por ciento de todas las multas administrativas que se generen en el cumplimiento de sus funciones.
El Contralor informó que, durante el año 2022, captaron sobre $2 millones de dólares en multas, penalidades y devolución de dinero provenientes de los comités políticos electorales. Por lo tanto, la agencia entiende que ese dinero podría ser una nueva fuente de recursos para la operación de la agencia.
“Esta es una de las dependencias públicas fiscalizadoras más importantes en la Isla. Todos hemos sido testigos de la importancia y el rol de la Oficina del Contralor Electoral en pasadas investigaciones contra funcionarios de gobierno y ciudadanos privados que violaron la ley electoral de Puerto Rico. Por lo tanto, la dependencia requiere una asignación presupuestaria adecuada para que pueda cumplir con la gran cantidad de responsabilidades que se le han conferido. Las reducciones continuas en las asignaciones presupuestarias durante los últimos años fiscales no le permiten funcionar efectivamente. Y ante los comicios electorales que se aproximan en el próximo año 2024 es de suma importancia que se apruebe esta medida para que la Oficina del Contralor Electoral esté preparada para el año electoral”, destacó la líder estadista.
La exposición de motivos del Proyecto del Senado 1174 indica que tras la aprobación de la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico” y la creación de la “Oficina del Contralor Electoral”, esta última se supone cuente con autonomía estructural, operacional y legal.
