El creciente endeudamiento del Departamento de la Familia con los centros de cuidado prolongado para adultos mayores en Puerto Rico, que asciende a más de $3.9 millones, podría resultar en el desalojo de estos individuos, según la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO) que convocó a los propietarios de hogares afiliados a discutir la situación este viernes.
“En su mayoría, los afectados están inclinados a solicitar al Departamento de la Familia la remoción de los adultos mayores y adultos discapacitados ubicados por el Departamento de la Familia, por los cuales el gobierno no está pagando la subvención, basado en el incumplimiento con el acuerdo contractual”, dijo Tamara Pérez, presidenta de FICPRO, en declaraciones es escritas.
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Además, Pérez enfatizó la importancia de saldar estas deudas, algunas de las cuales tienen hasta tres años de antigüedad, para poder cumplir con las obligaciones contractuales de alimentación, cuidado y atención las veinticuatro horas del día, pago de personal y utilidades.
La líder de FICPRO cuestionó la reciente exigencia del Departamento de la Familia para que los centros cumplan con los requisitos de la Ley 88 antes del inicio de la temporada de huracanes, advirtiendo que la falta de cumplimiento puede resultar en multas, cierres y la cancelación de licencias. “¿Con qué dinero se va a cumplir antes del primero de junio con todas las exigencias del Departamento de la Familia?”, preguntó Pérez.
Según datos del Departamento de la Familia, actualmente se subvenciona el cuidado de cinco mil ciento veinticinco adultos mayores en distintos centros de la isla, quienes corren el riesgo de perder el servicio de cuidado asistido debido a esta situación.
La situación se califica como un caso de maltrato y una violación del acuerdo de servicios con los hogares y de la responsabilidad del Departamento de asegurar el cuidado y bienestar de estos adultos mayores bajo su tutela.
