Durante el día de ayer, cuando vencía el término para presentar sus alegatos a favor o en contra de la inhibición de la jueza Iraida Rodríguez Castro, las partes en el caso contra la representante Mariana Nogales, su madre y la corporación de estas sometieron sus documentos al Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
“La presente solicitud está fundamentada en el hecho de que la Honorable Juez Rodríguez Castro, para todos los fines prácticos, prejuzgó hechos esenciales del presente caso y tuvo contacto previo con una parte sustancial de la evidencia que pretende utilizar el Ministerio Público en contra de los imputados. Lo anterior debido a que la Honorable Juez previamente consideró y pasó juicio de la declaración de uno de los testigos principales de cargo y encontró suficiente la misma para la expedición de una Orden de Registro de Documentos Bancarios durante el proceso de investigación del presente caso”, lee la moción jurada firmada por Nogales, su madre Rita Molinelli y en representación de la coroporación Ocean Front Villas.
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Además, dentro de las causas para inhibición que presenta la representación legal de Nogales, se encuentran que la jueza Rodríguez Castro “intervino previamente en un procedimiento judicial relacionado a la investigación del presente caso, llevado a cabo de forma ex parte y a petición de los Fiscales Especiales Independientes, cuando emitió la Orden de Registro de Documentos bancarios el 25 de enero del 2023″
“En ese momento tuvo un contacto sustancial con la evidencia que los Fiscales Especiales Independientes habrán de utilizar contra todos los imputados en la vista de determinación de causa probable para el arresto del presente caso. Ese contacto previo sustancial que tuvo la Honorable Juez Rodríguez Castro con los hechos del presente caso la inhabilitan para presidir la vista de determinación de causa probable para el arresto pues, para todos los fines prácticos, al emitir dicha orden y entender como suficiente para ello lo declarado por el Agente Clarke Vives, la Honorable Juez prejuzgó el caso al pasar juicio y formar opinión sobre hechos esenciales del mismo”, lee parte de la moción jurada firmada también por los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Frank Torres-Viada.
Por su parte, los Fiscales Especiales Independientes (FEI) del caso, Ramón Mendoza, Miguel Colón, Zulma Fúster y Leticia Pabón presentaron sus argumentos de oposición para la solicitud de inhibición de la jueza. Estos alegaron que el planteamiento presentado por la defensa “fue extremadamente tardío” y que esperaron a que se sometiera la prueba para realizar el mismo.
En el documento citan al Tribunal Supremo indicando que este foro determinó que “nunca ha sido ni es la norma constitucional que cualquier contacto previo con la prueba, no importa su alcance y efectos, incapacite a un juzgador para dirimir posteriormente los méritos de una controversia”.
Posteriormente los fiscales señalan que “no existe fundamento alguno que sustente la inhibición de la Honorable Iraida Rodríguez Castro. Esta procedió conforme a derecho al no recusarse de la vista de causa para arresto en el caso de epígrafe. El único fundamento de la defensa presenta es que la jueza tuvo contacto con la prueba por la única razón de haber expedido la orden de allanamiento. Ni los hechos ni el derecho apoyan la petición presentada por la parte imputada en el caso que nos ocupa. De otro lado, el récord no demuestra ningún indicio de “parcialidad” o que la magistrado haya “prejugzado” el caso”.
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El pasado 3 de mayo, la defensa de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, logró detener la vista de Regla 6 que se realizaba hoy en el Tribunal de San Juan para determinar si existe o no causa para un juicio contra la legisladora por presunto fraude y perjurio.
El abogado de la representante, José Andreu Fuentes, junto a los licenciados Ricardo Prieto García, en representación de la madre de la legisladora, Rita Molinelli Freytes, y Frank Torres Viada, en representación de la empresa imputada, Ocean Front Villas Court, alegaron que el proceso estaba viciado dado al previo conocimiento de la evidencia por parte de la jueza municipal, Iraida Rodríguez Castro, por haber tenido contacto previo con la prueba que se vislumbraría en el caso.
La defensa pidió a la jueza que se inhibiera del proceso citando la Regla 76 del procedimiento criminal y el canon número 20 de los cánones de ética judicial que señala que dicho conflicto podría viciar la opinión pública acerca del la Rama Judicial y del proceso al que tiene derecho Nogales Molinelli.
“Es bien importante en esta situación tener una rama judicial que pueda ser totalmente imparcial, tener una rama judicial que, la decisión que sea, la gente tenga confianza en el resultado, no que hayan manchas finales en ese resultado”, señaló Abreu Fuentes.
“La honorable jueza había atendido este asunto anteriormente porque en este asunto ella intervino para autorizar unas órdenes de registro de unas cuentas bancarias. Esa orden se va a poner en juicio en este caso porque esa orden nosotros entendemos que se emitió de forma ilegal, a parte de que ella entró y escuchó al testigo con su teoría, pero no escuchó a la defensa, solo escucho la teoría del fiscal, esa teoría tergiversada que al final del camino veremos cuán fabricado es este caso”, añadió.
El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) se apresta a someter imputaciones por delitos de evasión contributiva al presuntamente someter planillas falsas y fraudulentas. También se somete la modalidad de ese delito por alegadamente haber mentido en cuanto a sus ingresos, lo que es equivalente a perjurio y además cargos criminales por someter planillas falsas y fraudulentas desde la perspectiva de un oficial de una corporación privada.
Asimismo, se están sometiendo actos relacionados a el Código Penal en relación a la obligación de divulgación de información verdadera a la Oficina de Ética Gubernamental. No obstante, el PFEI no pudo someter señalamientos bajo la Ley de Ética Gubernamental específicamente ya que la misma no aplica con relación a estos delitos.
La defensa de la legisladora, de su madre y de la corporación familiar argumentó fuera de sala de que se trata de una persecución política por parte del Partido Nuevo Progresista (PNP) para sacar de carrera a Nogales Molinelli de cara a las elecciones de 2024.
“Aquí todos sabemos que a Mariana Nogales se le están sometiendo estos casos por asuntos políticos, no hay nada más que ver que por primera vez en la historia el querellante es Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, así que eso nada mas demuestra cuán podrido esta este caso desde el principio”, Indicó Abreu Fuentes.
“Se ha puesto en juego la credibilidad de la oficina del PFEI, ya lo están viendo hoy. Responden a encomiendas políticas y esa orden se pone en entredicho porque esa orden está basada en unas actuaciones ilegales del fiscal, por lo tanto, la misma jueza que la emitió, tampoco puede ser parte del procedimiento para pasar juicio y esas son las cosas a las que la Rama Judicial no puede exponerse”, dijo.
