Hace 11 años el gobierno recibió el control de los terrenos de la antigua base naval Rosevelt Roads, sin embargo una auditoría publicada hoy por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, revela que las instalaciones de la Estación Naval se encuentran deterioradas y no se están utilizando.
El traspaso de las Parcelas I y II de la antigua Base Naval Roosevelt Roads se completó entre 2012 y 2013 bajo las administraciones de los exgobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.
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En tanto, en el periodo que cubre la auditoría, del 1 de julio de 2016 al 15 de septiembre de 2021, señala que al cabo de nueve años transcurridos desde la transferencia de tres parcelas a la Autoridad, y realizar inversiones por $30,792,029, sólo tenía 14 proyectos con 17 arrendatarios que ocupaban una tercera parte de los acres de terreno de la Autoridad. Mientras mantiene una deuda de $24,498,168,
Por otro lado, apunta a que la Autoridad no había contratado un desarrollador maestro, tras una evaluación de ocho proponentes en el 2014, y de realizar gastos al respecto por $459,455.
Además, tras formalizar un contrato con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para otorgar un préstamo por $4,936,000 y recibir una subvención de $666,200 con el propósito de llevar a cabo mejoras al sistema de agua potable, esta se encuentra en fase de comenzar el proceso de subasta.
A junio de 2021, sólo se habían creado 392 empleos, según los informes de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
La auditoría le recomienda al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, tomar las medidas que correspondan con respecto al retraso en el redesarrollo de los terrenos y las instalaciones de la Estación Naval.
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El informe señala, además, que la Autoridad no requirió a tiempo itinerarios de trabajo e informes de progreso en contratos de arrendamiento formalizados del 2015 al 2018 para la operación del astillero y de un dique seco y para el desarrollo de una comunidad resort de alquiler residencial.
“El cumplimiento de estos requisitos contractuales se produjo, hasta cuatro años más tarde con los itinerarios y hasta dos años más tarde con los informes de progreso. Estas situaciones no permiten tener un control del estatus de los trabajos ni supervisar el cumplimiento de los contratos”, establece la contralora.
Fue en julio del 2020 que la exgobernadora Wanda Vázquez colocó la primera piedra del primer proyecto para el desarrollo de las tierras, que consistía en la rehabilitación de unas 700 casas militares para convertirlas en villas de hotel.
En tanto, el informe también señala que la Autoridad no mantiene un expediente técnico por proyecto y la Junta no suministró a examen, evidencia de que el director ejecutivo haya presentado tres de los cinco planes de trabajo, ni seis presupuestos.
“De este modo, la Autoridad no pudo ejercer un control adecuado del archivo, y además, se dificulta la labor fiscalizadora de los auditores de la Contraloría”, menciona.
